PORQUE TELEFE INVESTIGO A JESUS CARIGLINO

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Las diferentes denuncias contra el ex intendente Jesús Cariglino , no sorprenden tanto la corrupción , sino la investigación
A quien le piso el pie , para que le dieran ese vuelto, esta es sin dudas un principio de la investigación que realizaremos no sin antes ver los hechos de corrupción y como se movió el negocio. Ya que Telefe no mueve una estructura si no es alguien de la corporación o gente como los laboratorios por decir algo /.

VEMOS UN VIDEO

Fraude con los fondos de Salud
Cariglino, que estuvo preso por denuncias de corrupción en 2003 y 2004, es acusado de falsificar la cantidad de asistidos en los hospitales de su municipio para recibir más coparticipación del Gobierno nacional que el resto de los distritos. Acusado de 29 hechos de corrupción, ahora van a la carga por el jefe comunal del partido de la Primera sección electoral.
Mirando algunas carpetas
Año 2015 —– Jesús Cariglino, por entonces Intendente de Malvinas Argentinas, deberá responder ante la justicia por una denuncia presentada la semana pasada por el abogado Jorge Cancio, en la que se detallan presuntas irregularidades con compras directas. Aquí el detalle completo de las empresas, las inconsistencias de esas firmas, posibles irregularidades de éstas y las “excusas” para la compra directa.
Concretamente, la presentación realizada por Cancio acusa al Intendente y candidato del Frente Renovador para renovar su cargo por la desviación de fondos, “apoyado por facturas apócrifas y la aprobación de contrataciones directas” que excederían la suma de dinero establecida por la justicia.
El abogado detalló que “el intendente Cariglino realizó una serie de contrataciones directas con más de 14 empresas y con todas ellas firmó acuerdos que superan los 54.703 pesos, tope máximo que aprueba la Ley Orgánica de la Municipalidades”.
Esta denuncia contra Cariglino se suma a sus antecentes penales que se remontan al 21 de noviembre de 2003 cuando fue detenido, acusado por estafa, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública; y el entonces fiscal de San Martín Eduardo Ledesma lo acusó de haber creado la cooperativa “2 de abril”, a cargo de la pavimentación de calles, para desviar fondos públicos; por lo cual estuvo detenido por 13 días y debió pagar una fianza de 500 mil dólares para recuperar su libertad.
Las empresas
Entre las irregularidades mencionadas en la denuncia, se plantean contratos con El Grupo Clarín, a quien se contrató publicidad por 500 mil pesos en 2015 y 300 mil en 2013 (para publicaciones en los diarios Clarín, Clarín Zonal, Muy y Olé); La empresa “SERVMEDAMB S.A.”, $ 1.200.000,00.- (Pesos un millón doscientos mil), por el término de 6 (seis) prestaciones al hospital Abete; La firma Impresores BLUE MAIL S.A., en $ 4.606.107,80; Holcin, a quien se le compró cemento por $ 999.733,50 y $ 566.733,75; “ESTACION HD Energía S.R.L.”, a quien se le compró combustible por $ 2.000.000; la firma “San Agustin”, en $ 152.993,59 y también la compra directa de un automóvil Volkswagen Passat a la firma Wagen S.A. por $ 315.120,00 y hasta un camión Ford modelo cargo 1722/43 turbo diesel a la firma Forcam S.A. que pagó $ 484.500,00.
La denuncia presenta además, contratación directa por reconversión a tecnología LEDS a “HAYLUZ S.R.L.”, en $ 231.020; combustible a “FRONTANI HERMANOS” en $ 780.000 y contratación en forma directa del Servicio de Internet para el Hospital de Trauma y Emergencias, a la Cooperativa Telefónica de Grand Bourg por $ 156.000; “combustible líquido para desmalezadoras, motosierras, etc” a la firma Frontani Fermanos por 1 millón de pesos; y hasta la contratación en forma directa para la reparación de los móviles a la Gomería Maipú de Jorge H. Cali, por $ 900.000.
Además de la irregularidad que implica una contratación directa por montos que superan por mucho los máximos permitidos y para ítems que no están contemplados entre las excepciones de la Ley, ni “urgencias” que lo justifiquen, hay datos curiosos que involucran a la mayoría de las empresas a las que se le compra.
HD Energía, la beneficiaria de un decreto que le permitió vender 2 millones de pesos en combustible fue constituida en 2009, y entre sus actividades consigna la “venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles; venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores; servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.; servicio de transporte por camión cisterna y recuperación de materiales y desechos no metálicos”.
Sin embargo, y a pesar de su “amplio espectro”, hasta 2014 sólo reconoció tener 2 empleados y desde ese año, 4. Incluso, a pesar de ofrecer trasporte de carga automotor y por camión cisterna, sólo declara 4 vehículos, uno de los cuales es una Ford Ranger y el otro, un tractor.
La Gomería Maipú, a la cual el municipio le adjudicó de manera directa la reparación de móviles por un monto nada despreciable de 900 mil pesos, pertenece a José Horacio Cali; está ubicada a 3 cuadras del palacio municipal y no parece, a prima face, un sitio en el que se ofrezca servicio mecánico que justifique ese monto.
Tampoco queda claro qué servicios ofreció Blue Mail S.A (que en verdad, ante AFIP y con ese nombre de fantasía sólo aparece una empresa de correo privado). Según el Decreto municipal, se contrató a “Impresores Blue Mail S.A”.
“ARTICULO 1º: CONTRATASE en forma directa la impresión, provisión y acondicionamiento de recibos de Conservación de la Vía Pública, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, Ocupación de los Espacios Públicos, Patentes Automotores y Patentes de Motos, solicitado por la Subsecretaria de Ingresos Tributarios de este Municipio, a la Firma: Impresores BLUE MAIL S.A., con domicilio en Av. José M. Moreno Nº 1644 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos del presente; ARTICULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 4.606.107,80.- (Pesos cuatro millones seiscientos seis mil ciento siete con ochenta centavos”, versa el Decreto.
Blue Mail, con el mismo domicilio que cita la contratación, aparece en realidad como empresa de correo privado. Pero Blue Mail no es la única a la que la Municipalidad de Malvinas acude para “imprimir”.
La denuncia también plasma la contratación directa que la administración de Cariglino tuvo con Impresores SO MI AL. El decreto indica: “contratese en forma directa la impresión de formularios, sobres e intimaciones de deuda corriente, con impresión de datos variables, doblado y ensobrado, solicitado por la Subsecretaria de Ingresos Tributarios de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la Firma Impresores SO MI AL S.R.L?; por un precio total de la contratación en $ 620.100”.
SO MI AL declara domicilio en Cerrito 136 de la Ciudad de Buenos Aires, pero también se vincula a esta empresa que posee categoría PyME, un domicilio en Los Polvorines.
La sociedad incluye a la familia Reyna, cuya cabeza posee domicilio de padrón en Malvinas Argentinas. La empresa está constiyuida desde 1999 y entre las curiosidades se observan “traspaso de acciones” que “van y vienen”. Reyna figura además vinculado a otras dos empresas: Multimake SRL y Reywal SRL. Ambas, sin movimientos de ventas y con CUIT suspendido.
Cancio pide además, que Cariglino aclare por qué se contrató “con urgencia” y para el obrador municipal, 15 mil bolsas de cemento Holcin que se abonaron 999.733,50 pesos y otras 12 mil contratadas en 2013 por un valor de $ 566.733,75; o por qué Graciela Samanta Duhau Narvaez, titular de la firma “San Agustín”, inscripta como autónoma para ofrecer “instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil”, fue la elegida ?de manera directa- para refaccionar un colegio de la zona.
Otra de las contrataciones directas señaladas en la denuncia es la de la empresa HAYLUZ SRL, para “reconversión a tecnología LEDS”, por un monto de $ 231.020.
HAYLUZ tiene su sede en San Miguel, fue constituida en 2012, y se presenta habilitada para “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; venta al por mayor de artículos para la construcción; venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción; instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte y construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte”.
Aunque su nombre indica que se trata de una SRL no aparece información accesible acerca de quiénes la conforman, y según una empresa de Reportes Económicos, la única persona que señala como vinculada a HAYLUZ es Diego Valentín Romero.
Romero tiene domicilio de padrón en Malvinas Argentinas y según se desprende de su historial laboral, al menos hasta mayo de 2014 estuvo vinculado a dicha empresa, aunque también tiene vínculos laborales con la Universidad Católica de Salta, el Obispado de San Miguel (para brindar enseñanza en colegios secundarios) y según su inscripción al Monotributo, está habilitado para ofrecer “servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.
La frutilla del postre es que su pasado lo condena: entre enero de 2012 y diciembre de 2013 fue empleado de la municipalidad de Malvinas Argentinas.
Otra de las contrataciones directas denunciadas por Cancio, es la que beneficia a la Estación de Servicio Petrobras, “FRONTANI HERMANOS” de Julio y Carlos Alberto Frontani, quienes fueron habilitados a venderle combustible a la administración de Cariglino por $ 780.000. Según el decreto, se contrató en forma directa la provisión de “combustible líquido para desmalezadoras, motosierras, etc”.
La empresa figura creada en 1977, pero para la AFIP, su CUIT está con algunas inconsistencias y no figura como inscripto activo. Al parecer, no han actualizado sus “actividades económicas”, las que probablemente también estén bajo la lupa dado que a pesar de su antigüedad y de los montos que facturan, no tendrían empleados declarados.
Pero entre las inconsistencias, una de las que más sobresale es la de SERVMEDAMB S.A. $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), es lo que recibió SERVMEDAMB por ofrecer 6 prestaciones al hospital Abete. Esta empresa cuyo C.U.I.T. 30-70910554-6, fue constituida en 2004 y publicita domicilio en Beiró 2757, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque para el decreto firmado por el Intendente Municipal, lo tiene en Tucumán Nº 829 -P.6 B (que es en verdad, el que aparece asociado a esta firma cuando conformó su edicto).
Entre sus funciones, dice prestar servicio de emergencias y traslados, aunque el edicto de conformación es mucho más amplio y le permite ofrecer: “A) Prestación de servicios médicos y/o asistenciales, bajo cualquier modalidad y tipo de establecimiento: su administración, gestión, gerenciamiento, explotación e instalación, asesoramiento y planificación sanitaria, en ámbito público y/o privado. B) Prestación de servicios de clínica y especialidades médicas, psiquiatría, psicología, geriatría, odontología, laboratorio, rehabilitación, bioquímica, radiografía, diagnóstico e imagen. C) Prestación de servicios a prepagas, obras sociales, sistemas y planes de salud y asistencia, su administración, gerenciamiento, asesoramiento y comercialización; medicina laboral, higiene y seguridad industrial. D) Servicio de asistencia y visita médica, enfermería y paramédica domiciliaria; atención, emergencia, auxilio y traslado de personas en ambulancia, móviles sanitarios y/o preparados para dicha finalidad. E) Elaboración, fabricación, comercialización, de equipamientos, medicamentos, insumos, materiales y/o cualquier otro producto que se utilice en medicina. La prestación de los servicios y Direcciones de los establecimientos estarán a cargo de profesionales con título habilitante”.
La sociedad está compuesta por Raúl Alberto Muñoz, quien en el propio edicto reconoce tener título de contador y Patricia Dora Severo de Muñoz, quien allí se define como “ama de casa”.
Muñoz, más allá de la empresa, se ha desempeñado como docente universitario. Ha dado cátedra en la UBA; fue docente en la Universidad de Moreno en el 2013; y en la Universidad del Centro (Tandil).
No obstante, Cariglino firmó a favor de SERVMEDAMB un Decreto que estipula: ARTICULO 1º: CONTRATASE en forma directa el servicio de Cirugías Programadas y de emergencia y/o urgencia e internación posquirúrgica, para ser prestado en el Hospital de Trauma y Emergencias Dr. F. Abete, dependiente de la Secretaria de Salud, a la firma: “SERVMEDAMB S.A.”, con domicilio en la calle Tucumán Nº 829 -P.6 B, de Capital Federal, por los motivos expuestos en los considerandos del presente; ARTICULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 1.200.000,00.- (Pesos un millón doscientos mil), por el término de 6 (seis) meses, a partir del 7 de agosto de 2009.
Resulta bastante extraño imaginar cómo y qué clase de “servicios” de cirugía ofrecía SERVMEDAB, una empresa que en 2010, tenía 7 empleados registrados. Número que fue descendiendo: 5 al año siguiente; 6 en 2012; cero en 2013 y 2 en 2014, y para completar el cuadro, su CUIT fue dado de baja por la AFIP desde diciembre de 2014 por no presentar Declaraciones Juradas ni movimientos activos. Además, no posee Certificado fiscal para contratar con el Estado, requisito esencial para realizar todo tipo de contrato de acuerdo a la normativa vigente.
Amigos son los amigos
La denuncia presentada por Jorge Cancio apunta también otras dos situaciones que solicita sean investigadas por la justicia. Una involucra a la empresa “Gráfica SRL”, cuya propiedad pertenece a Agustín y Sebastián Dumont y la otra a la Municipalidad de Hurlingham, a cargo del Intendente Luis Acuña.
Entre los “amigos”, Acuña es uno de los más selectos. Quizá por eso el vínculo entre ambas administraciones ha sido fluido desde que en Hurlingham se instalara el Laboratorio de medicamentos genéricos y en Malvinas proliferaran los centros de salud que aparecen como “modelos” pero que esconden una larga lista de denuncias por mala praxis.
Como parte de las innumerables compras que se han concretado de modo directo, en 2014 la municipalidad de Malvinas contrató “provisión de medicamentos a la municipalidad de Hurlingham, para el Hospital de Trauma y Emergencias”.
El precio total de la contratación fue de $ 536.250, mientras que otros de los decretos que forman parte de la denuncia demuestra que ya en 2009 se contrató del mismo modo la provisión de medicación por un valor de 197.450 pesos.
Por otra parte, la denuncia pide que se investigue el vínculo con la empresa Gráfica SRL de la cual son titulares los hermanos Dumont. Sebastián Dumont es periodista y guarda desde hace años una estrecha vinculación con Cariglino.
La presentación de Cancio señala una presunta irregularidad que estaría dada en el convenio suscripto entre la Municipalidad de Malvinas Argentinas y la empresa Gráfica, por el cual el municipio distribuye una revista que confecciona la empresa, que incluye propaganda oficial y avisos publicitarios particulares comercializados por la sociedad de los Dumont.
El convenio estipula que la municipalidad no abona el costo de la impresión y que la empresa “lo regala” al Estado local, pero los números no cierran.
Si bien el convenio habla de un mínimo de entre 15 y 20 mil revistas que Gráfica estaría obligada a imprimir, las partidas municipales superan las 90 mil y la revista estaría distribuyéndose en todos los domicilios junto a la factura del impuesto municipal.
Si esto es así, es extraño que una sociedad como la de Dumont pudiera absorber el costo de esa impresión. Máximo cuando él mismo reconoció ante otro medio periodístico que “la revista a veces deja ganancias, y otras no”. Quizá eso se encuadre en el verdadero “amor al arte”.
Pero además, se pone en discusión el por qué el Estado municipal, y Cariglino en particular, beneficia a una empresa privada distribuyendo de manera gratuita una revista cuya publicidad cobra y retiene para sí esa empresa.
En este sentido, Cancio señaló que habría detectado “significativas inconsistencias en la justificación de dinero correspondiente a la empresa GRAFICA SRL, que está a cargo de la revista propogandística que llega a los domicilios de los vecinos de Malvinas Argentinas, junto con la tasa municipal”.
El primer coletazo de esta denuncia se dio también en San Miguel, donde aparentemente esta misma empresa confeccionaría una publicación de similares características y con el mismo modo de distribución, merced a un convenio que habría suscripto con la administración de Joaquín De la Torre.
“La misma metodología utilizada en Malvinas Argentinas podría estar utilizándose en San Miguel, ya que la empresa es la misma. No dice el nombre pero tiene el mismo teléfono que aparece como publicidad en Malvinas”, indicaron referentes vecinales del distrito.

Continuará

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