Los 5 miembros de La Manada seguirán en libertad

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La Audiencia Provincial de Navarra rechazó por 2 votos contra 1 el regreso a la cárcel de los 5 miembros del grupo autodenominado “La Manada”, condenados a 9 años por abuso sexual en los Sanfermines de 2016. La fiscalía navarra había solicitado en diciembre el ingreso provisional inmediato en prisión de La Manada tras confirmarse una condena que será recurrida ante el Supremo. El fallo, que había sido inicialmente dictado por la Audiencia de Navarra en abril 2018, provocó multitudinarias protestas en España que exigían un mayor castigo por un delito de agresión sexual o violación, en lugar de por abuso sexual. La posterior liberación bajo fianza de los acusados, tras pasar casi 2 años en prisión provisional, desató nuevas protestas. ¿Y ahora?

Por Urgente 24

La Sección 2da. de la Audiencia de Navarra ha decidido mantener en libertad provisional a los 5 integrantes de La Manada al desestimar la prisión provisional que habían solicitado las partes acusatorias, la Fiscalía, la acusación particular que representa a las víctimas y las acusaciones populares, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento.

A pesar de que el 05/12 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había confirmado la condena a 9 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, la Sección 2da. ha considerado que no era motivo suficiente para cambiar la situación de los acusados por los abusos ejercidos contra una joven madrileña en la primera noche de los Sanfermines de 2016.

Los 5 condenados (José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo) quedaron en libertad el 22/06/2017 tras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros. Y desde entonces “no se han aportado razones suficientes para modificar la situación personal de los encausados”, según se recoge en el auto, en el que el voto mayoritario concluye que el argumento de riesgo de fuga, alegado por quienes solicitaban su reingreso en prisión, aparece “bastante endeble”.

En ese sentido, destacan que durante casi 6 meses “han acatado las condiciones impuestas por la sala”, y además, desde que se tuvo conocimiento de la confirmación de la sentencia, ha pasado casi un mes y los encausados “han continuado cumpliendo aquellas, mostrando así su intención de no eludir la acción de la justicia”.

Indican que no se puede obviar que estuvieron privados de libertad prácticamente 2 años, así como que su situación personal, familiar y laboral “permanece inalterable respecto a lo valorado por la sala en el auto de 21 de junio”.

Según la Sala, y basándose en el Tribunal Constitucional, la existencia de una condena «resulta todavía inhábil para enervar la presunción de inocencia del acusado, a la espera del desenlace del recurso de casación interpuesto por él», es decir, consideran «provisional» la condena de los 5 miembros de La Manada a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo, a quien han recurrido en casación todas las partes.

Así pues, los jueces no han variado su decisión respecto a la situación de los 5 jóvenes sevillanos, que no ingresarán en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que se han presentado contra la sentencia que les condenó a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento.

El fallo, que había sido inicialmente dictado por la Audiencia de Navarra en abril, provocó en 2018 multitudinarias protestas en España que exigían un mayor castigo por un delito de agresión sexual o violación, en lugar de por abuso sexual. La posterior liberación bajo fianza el pasado verano de los acusados, tras pasar casi dos años en prisión provisional, desató nuevas protestas.

Ahora, los magistrados de la Sección 2da. de la Audiencia Provincial de Navarra desestiman la prisión provisional solicitada por la fiscalía, la acusación particular, ejercida por la víctima, y las 2 acciones populares —el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra— para los 5 procesados después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJN hubiera confirmado el pasado diciembre la condena impuesta en abril.

1 de los 3 jueces, el presidente de la Sección Segunda, ha formulado un voto particular en el que aboga por decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza de los encausados, hasta el límite máximo de 4 años y medio, descontando de este periodo, el tiempo que han estado en prisión provisional, entre el 09/07/2016 (fueron detenidos el día 7) y el 22/06/2018.

En su argumentación sostuvo que los aspectos apuntados de estabilidad domiciliaria de los procesados o su integración en su contexto familiar y convivencial extenso no permiten “conjurar eficazmente el riesgo” de que se sustraigan a la acción de la justicia, como tampoco el hecho de que hayan cumplido la obligaciones que les han sido impuestas.

Los 3 hicieron mención expresa a la situación de Alfonso Cabezuelo, quien en estos meses ha sido privado de su condición de militar, decisión que si bien no es firme, de momento supone “que no recibe ingreso alguno”, una carencia que, a su juicio, “no incrementa el riesgo de fuga, sino que, en cierta forma lo limita”.

Y sostuvieron que no puede tomarse en consideración el episodio que afecta a Antonio Guerrero, quien acudió a sacarse el pasaporte, puesto que sobre ese hecho recayó una resolución firme, denegatoria de su ingreso en prisión.

Respecto a la situación de Angel Boza, condenado por 2 delitos leves, uno de lesiones y otro de hurto en este tiempo, consideran que son hechos “muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena por un delito de abusos sexuales” y, por tanto, no justifican la alteración pretendida por las acusaciones.

El auto alude también a las actuaciones seguidas ante el juzgado de instrucción de Pozoblanco para puntualizar que todavía no se ha celebrado el juicio y, en consecuencia, no hay sentencia ni se ha acordado prisión preventiva por tales hechos.

En el auto que decretó prisión eludible con una fianza de 6.000 euros se les impusieron además una serie de obligaciones como designar un domicilio en el que pudieran ser hallados, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte y comparecer ante el juzgado de guardia de su residencia.

Asimismo se les impuso la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, y comunicarse con la denunciante por cualquier medio. Esas medidas, sin perjuicio de su revisión, según se indica, tendrán vigencia en tanto no exista resolución firme que ponga fin al procedimiento.

Fuente: www.urgente24.com

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