A partir de esta semana declaran De Vido, Baratta y Peralta ante Bonadio

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Están citados a indagatoria en el marco de la causa que investiga el proyecto de la Usina de Río Turbio, un proyecto faraónico por el que se pagaron importantes sobreprecios, pero que jamás se terminó, y que dependía de una mina de carbón casi agotada.

La causa había sido cerrada dos veces por Bonadio, y actualmente se encuentra reabierta a instancias de la Cámara Federal, por pedido de los fiscales de la Procuración de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta. Se trata de la truncada construcción de una central térmica a carbón, extraído de una mina que ya no produce. El contrato, que fue rescindido el pasado mes de marzo año después de dos años de parálisis, estaba adjudicado a la empresa española Isolux Corsán por US$220 millones.

Por las dudosas condiciones de la obra, que en total le costó al Estado US$1607 millones, esta semana declararán el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su mano derecha Roberto Baratta. También serán indagados el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, y empresarios vinculados a Isolux Corsán, entre ellos Juan Carlos De Goycoechea, uno de los “arrepentidos” de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

En términos generales, la causa avanza lento, al menos en comparación con la que investiga el pago de coimas durante la época kirchnerista, descubierto gracias a los cuadernos del chofer de Baratta, Oscar Centeno. En términos de importancia, tiene sentido que Bonadio asigne la mayor cantidad de recursos a esta última.

En cuanto a la Usina de Río Turbio, el derrotero de despilfarro de dinero del erario público y la pérdida de puestos de trabajo, el fiscal Guillermo Marijuan había solicitado las detenciones de los imputados el pasado mes de agosto. El magistrado recién ahora formalizó los llamados a indagatoria, que se extenderán entre el 20 de diciembre próximo y el 11 de enero de 2019.

En el texto, Bonadio consideró que “Se habría perpetrado un significativo perjuicio patrimonial al erario público a raíz de la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, lo cual comprende tanto los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos y directivos de la contratista que intervinieron en el trámite de la licitación 12/06 del Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad ‘llave en mano’ que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional”.

El contrato con la empresa española se firmó el 14 de diciembre de 2007. Previamente, la Comisión Evaluadora había advertido que no quedaba claro cómo la Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio iba a ser capaz de generar 240 MW, cuando la capacidad productiva de la mina era de 120.000 toneladas al año, un número inferior al necesario. Además, tampoco estaba resuelto cuál iba a ser el destino de las toneladas de ceniza generadas como desperdicio.

En 2009 el diputado Juan Carlos Morán -en ese momento miembro de la Coalición Cívica- realizó una denuncia penal por los gastos que estaban generando el proyecto. “Cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde […] sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983”. Había planteado, mientras que afirmaba que con esa inversión se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.

Finalmente, la obra se paralizó en noviembre de 2015. Tal como se había advertido, la mina no tenía la capacidad productiva necesaria, por lo que la usina dejó de funcionar por falta de carbón.

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