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Barras, castigo y prevención: la seguridad en cuestión

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Cada vez que Argentina entra en recesión económica, que se produce un salto inflacionario o que sube la cotización del dólar, los discursos de sentido común explican esos movimientos con un argumento más próximo a la resignación que al esclarecimiento: “este es un país cíclico, donde cada 3 años (o 5, o 10, según el caso) siempre vuelve a pasar lo mismo”.

Cada vez que Argentina entra en recesión económica, que se produce un salto inflacionario o que sube la cotización del dólar, los discursos de sentido común explican esos movimientos con un argumento más próximo a la resignación que al esclarecimiento: “este es un país cíclico, donde cada 3 años (o 5, o 10, según el caso) siempre vuelve a pasar lo mismo”.

Respecto al tratamiento de la violencia en el fútbol por parte del Estado podemos afirmar algo similar: desde los años 1980 hasta hoy, todos los gobiernos sin excepción vienen sosteniendo que el problema son las barras bravas y que la solución es la creación de nuevas leyes y el incremento de las penas.

Sin embargo, detrás de los discursos cíclicos, la realidad termina siempre por probar la inexactitud de ese diagnóstico y la ineficacia de ese remedio. Así como la inflación no puede explicarse por una única variable, la violencia en el fútbol tampoco puede comprenderse reduciéndola sólo a las barras bravas.

El escándalo de la final de Copa Libertadores volvió a ubicar a la violencia en el fútbol en la agenda social, mediática y política, evidenciando de forma brutal todas las miserias de la maquinaria del fútbol-espectáculo en Argentina. Pero nuevamente las respuestas políticas vuelven a proponer la receta conocida: la sanción de una nueva Ley con penas más duras.
Recordemos que nuestra primera legislación de seguridad deportiva, la Ley 23.184, sancionada en 1985, tuvo como eje la duplicación de las penas que estipulaba el Código Penal para aquellos delitos cometidos dentro de los estadios de fútbol. La inflación punitiva continuó creciendo en las legislaciones posteriores -la Ley 24.192 (de 1993), el Decreto 1466 (de 1997)- e incluso en proyectos de leyes no aprobadas, cuyo último antecedente fue motorizado por Scioli en 2015.

Numerosos estudios del campo del Derecho Penal señalan que el aumento de penas no es una herramienta que por sí sola desaliente a quienes puedan cometer un delito. En este sentido, el castigo no funciona como forma de prevención. De hecho, la violencia alrededor del fútbol no bajó a partir de la sanción de las leyes mencionadas, sino que incluso se incrementó.

A partir de las investigaciones de cientistas sociales como Pablo Alabarces, José Garriga o Verónica Moreira, quienes ya llevan 20 años estudiando el fenómeno, encontramos una hipótesis que habilita otro enfoque de la cuestión. La violencia en el fútbol, lejos de ser la consecuencia de actos “irracionales” o “salvajes” cometidos por un “puñado de estúpidos”, es en realidad el producto de un determinado sistema de creencias, sentidos y valores que compartimos todos los actores del fútbol argentino. El exitismo, el ganar a cualquier precio, el concebir al rival como un enemigo, la humillación del otro, el machismo y la homofobia son sólo algunos de sus rasgos. Vista así, la violencia en el fútbol no es un problema penal, sino un problema cultural.

En un artículo reciente que elaboramos con el Dr. Fernando Segura sobre un relevamiento de hechos de violencia en el fútbol entre 2006 y 2017, observamos que las barras bravas estuvieron involucradas en alrededor del 60% del total de episodios ocurridos en ese período. Esto implica decir que en el restante 40% los participantes fueron otros actores: jugadores, policías, hinchas no barras, etc.

Otro dato sugerente es que las agresiones de hinchas hacia los protagonistas (jugadores, árbitros, dirigentes) -como por ejemplo el que sufrió el micro de Boca en cancha de River-, crecieron abruptamente a partir de la prohibición del público visitante. Esto nos permite afirmar que la violencia no desaparece, sino que muta en su fisonomía y encuentra nuevos canales para manifestarse. Nuevamente evidenciando que se trata de un problema de índole cultural y no sólo policial.

Por eso, frente a la inminencia de nuevos anuncios de leyes anti barras, pensadas como si se fuese a “extirpar un cáncer”, y bajo la idea de que los barrabravas son sujetos enfermos e inadaptados en un entorno saludable, insistimos en la necesidad de construir políticas públicas de largo alcance.

Endurecer las leyes es parte de las mismas recetas que se vienen repitiendo sin éxito. Tal vez es hora de pensar un modelo de seguridad deportiva en Argentina que no se agote en el control y el castigo, sino que incluya esquemas de prevención más amplios.

Diego Murzi Sociólogo. Vicepresidente en ONG Salvemos al Fútbol.

Fuente: Mdzol

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