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Para la comisión del Gobierno que investiga la obra del Sarmiento no hubo sobreprecios

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Una comisión creada por el Gobierno nacional para auditar contrato del soterramiento del ramal ferroviario Sarmiento determinó que no hubo sobreprecios en la obra.

De esa forma, la gestión del presidente Mauricio Macri determinó que la megaobra no estuvo direccionada a una empresa en particular y se efectuó con “precios acordes a los valores de referencia internacional”, publicó el diario La Nación.

Con el surgimiento de las investigaciones conocidas como “Lava Jato”, en Brasil la obra quedó sospechada en la Justicia, que investiga si existieron sobreprecios y pagos indebidos de parte de las empresas contratistas: Odebrecht, Iecsa (que al momento de la licitación pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri), la italiana Ghella y la española Comsa.

Tras una auditoría de un año y medio, el equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) culminó su informe sobre el soterramiento del tren Sarmiento, un trabajo que ahora será entregado a la Justicia.

El informe, de 545 páginas, señaló: “El equipo de trabajo no encontró entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando en la causa judicial”.

En sus conclusiones finales, el reporte informó que “no se encontraron elementos que acrediten direccionamientos a favor de un contratista” y que se estudiaron los precios cotizados en el contrato y, al cotejarlos con obras subterráneas urbanas de envergadura a nivel mundial, se encontró que son precios “acordes a los valores de referencia internacional”.

En su auditoría, la gestión del presidente consideró que la licitación de la obra que hizo la gestión kirchnerista no tuvo mayores falencias.

“El proyecto fue debatido en audiencia pública y no se registraron impugnaciones de otras empresas interesadas”, señaló el informe.

Los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, plantearon algunas observaciones, entre las que subrayaron que “el anteproyecto no incluía detalles técnicos exhaustivos de la obra”, que la licitación no fue publicada en medios nacionales y que “la obra se lanzó sin estar prevista en el presupuesto”.

Sobre los precios, los investigadores concluyeron que “al cotejar los valores cotizados para el soterramiento con los de otras obras subterráneas urbanas de similar complejidad (por ejemplo, el metro de Barcelona), se pudo observar que son cifras acordes a los valores de referencia internacional”.

Entre la licitación de 2008 y 2015 el proyecto estuvo sumergido en idas y venidas por el financiamiento, sin que la tuneladora iniciara los trabajos.

Cuando el presidente Macri asumió, ordenó, por decreto, destinar u$s 3.000 millones para reactivar la obra.

En tanto, el fiscal Franco Picardi pidió a Brasil toda la información del caso “Lava Jato”, que involucra a Odebrecht, referida a la Argentina para que sea sumada como prueba.

Calcaterra negó ante la Justicia todos los delitos que se le imputan por el soterramiento del tren Sarmiento.

El primo del Presidente sostuvo que la licitación ocurrió dentro de la legalidad y dijo que si los brasileños cometieron un ilícito, su constructora lo desconocía.

En Brasil, frente a los fiscales del “Lava Jato”, el exejecutivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, identificó a Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos ejecutivos de Iecsa, como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Ambito.com

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