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Por la investigación a Calcaterra renunció el director de la DGI de Mar del Plata

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Aseguró que los desplazamientos ordenados por Cuccioli fueron consecuencia de la pesquisa sobre IECSA.

La investigación sobre IECSA que lleva adelante la AFIP se cobró otra víctima. Se trata de Manuel Rodríguez, titular de la Dirección Regional Mar del Plata de la DGI, quien renunció en forma “indeclinable” a su puesto luego de los desplazamientos de funcionarios que habían iniciado una pesquisa sobre la empresa que perteneció a Ángelo Calcaterra.

Los apartados por el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, son el ex director general de la DGI, Horacio Castagnola y subdirector de Operaciones Impositivas de Interior, Jaime Mecikovsky. A ellos se les suma Carlos Bo, uno de los principales asesores del primero. Los despidos y reubicaciones produjeron un choque entre Elisa Carrió y Mauricio Macri, sobre todo porque los reemplazos, según publicó LPO, tendrían antecedentes dudosos.

Ellos tres forman parte de los cinco jefes de la DGI que encabezaban la investigación contra primo del presidente, por el pago de coimas en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y su aparición en la causa de los cuadernos.

Rodríguez argumentó que Castagnola, uno de los desplazados, le confirmó que había sido separado de su cargo por investigar la empresa que perteneció al primo de Mauricio Macri.

En 2008 cuando varios de los funcionarios que hoy fueron apartados investigaban a Lázaro Báez, el entonces director de la AFIP Ricardo Etchegaray decidió cerrar la dirección de AFIP de Bahía Blanca que tenía a su cargo el expediente. Luego del cierre los empleados fueron transferidos a Mar del Plata y desplazados días atrás.

Carrió se tomó menos de 24 horas para responder a la decisión de Cuccioli de apartar a los funcionarios que ella buscaba proteger por su colaboración en las causas contra la corrupción del gobierno anterior, incluso las que salpican al círculo íntimo del presidente: Gianfranco Macri y Nicky Caputo no están exentos de sospechas por su rol en Iecsa, empresa que dentro de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del soterramiento del Sarmiento, de acuerdo a pruebas presentadas por los funcionarios desplazados, había girado en 2011 y 2012 casi 5 millones de dólares a una firma española identificada por la justicia de Andorra como la responsable de blanquear sobornos de Odebrecht y Camargo Correa.

En su carta Rodríguez fue durísimo con Cuccioli. “El actual gobierno ha fundado su plataforma electoral ‘en un cambio’, que a la luz de los actuales acontecimientos, pareciera distar mucho de la realidad, al menos, por el momento que se vive en el marco de las actuales decisiones instrumentadas por el Sr. Administrador Federal”, escribió en su carta de renuncia.

Confirmado el desplazamiento de Castagnola -a quien Cuccioli le ofreció quedarse en la institución en calidad de asesor- , el titular de la Dirección Regional Mar del Plata de la DGI, Manuel Rodríguez, presentó su renuncia indeclinable.

El texto completo de la renuncia

“Conforme las conversaciones personales mantenidas ese día con el Lic. Castagnola, su desplazamiento se habría motivado en la denuncia penal que desde el organismo, se realizara durante el transcurso de la anterior semana a la firma IECSA, ligada como es de público conocimiento a familiares del Sr. Presidente de la Nación. Hemos vivido en nuestra casa situaciones de similar gravedad institucional en el año 2008, cuando los funcionarios actualmente desplazados de sus cargos, también corrieron con la misma suerte por la denuncia que se realizara por ese entonces de empresas vinculadas a Lázaro Báez”, explicó en su carta de renuncia.

“El actual gobierno ha fundado su plataforma electoral ‘en un cambio’, que a la luz de los actuales acontecimientos, pareciera distar mucho de la realidad, al menos, por el momento que se vive en el marco de las actuales decisiones instrumentadas por el Sr. Administrador Federal. A estos acontecimientos, deben agregarse los cambios de jefaturas dispuestos hace escaso tiempo en la Dirección Regional Rosario, con el único fin de designar militantes partidarios en las jefaturas de División Revisión y Recursos y Sección Penal respectivamente, con el consecuente desplazamiento de los funcionarios que ocupaban dichos puestos”, sentenció Rodríguez.

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