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José López declaró y pidió ser arrepentido en la causa de los cuadernos K

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El ex secretario de Obras Públicas ingresó al programa de protección de testigos. El Juez debe homologar el acuerdo con el fiscal.

Por Horacio Aizpeolea

La semana de la llamada “causa de los cuadernos” arrancó el lunes con la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández en los tribunales de Comodoro Py (dejó un escrito y se negó a responder preguntas de la fiscalía), y terminó con la resonante reaparición pasado el mediodía del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien estiró su declaración por más de ocho horas.

Desde su llegada desde el penal de Ezeiza, en los pasillos del cuarto y quinto piso del edificio ubicado en Retiro (allí están los despachos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli) se comentaba que López había pedido declarar “como arrepentido”. Más tarde, fuentes judiciales confirmaban que López había acordado colaborar con el fiscal Stornelli y solo restaba la homologación de parte del juez Bonadio.

Así, López pasaría a ser el primer ex funcionario de peso en sumarse a la larga lista de “arrepentidos”, la mayoría empresarios y CEOs, que acumula el expediente. La jornada fue movida: también pidió declarar en calidad de “imputado colaborador” el financista Ernesto Clarens, mientras que Juan Pablo Schiavi, quien remplazara a Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte de la Nación, solicitó la eximición de prisión ante las versiones al respecto que circularon en Comodoro Py y Bonadio ordenó la libertad de Martín Larraburu, ex colaborador de Juan Manuel Abal Medina.

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El ingeniero José López aparece mencionado en los cuadernos cuya autoría se atribuyó el ex chofer Oscar Centeno, en apuntes que lo vinculan al cobro de sobornos por la construcción de plantas potabilizadoras de agua en las localidades bonaerenses de Berazategui y Zárate. La posible irregularidad en esos emprendimientos también surgió en el “affaire” Odebrecht.

Según fuente judiciales cercanas a la fiscalía, López aportó nombres de ex funcionarios y de empresarios, pero también extendió responsabilidades más allá del Estado Nacional: una gran parte de los dineros de las obras públicas, se sabe, se canalizaban a través de los gobiernos provinciales y municipales. “El abanico de la investigación no termina nunca de abrirse del todo”, comentaban funcionarios judiciales, ante las permanentes revelaciones (que la justicia deberá probar, claro) que hace más de quince días desataron los cuadernos del chofer.

La impactante declaración del empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en la que dijo que se pagaban retornos a ex funcionarios, también puso a José López en escena.

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En Comodoro Py existía cierto recelo sobre la declaración de López. Ocurre que a mediados de semana, López debió comparecer como indagado y, por entonces, su estrategia defensiva fue negarse a declarar.

Pero además debe recordarse que López afronta en estos momentos el juicio oral por enriquecimiento ilícito, en el que debe explicar qué hacía con nueve millones de dólares en la puerta de un convento bonaerense. Y al respecto, López ya dio dos versiones distintas. En su primer relato, ante el juez Daniel Rafecas, confesó que tenía esos millones escondidos en su casa, y reconoció haber estado al borde del delirio y del brote psicótico en aquella jornada.

Días atrás, en el juicio oral, pidió que no se tenga en cuenta su primer descargo, y en la nueva versión sostuvo que el dinero le fue entregado “por gente de la política” a la que no podía identificar por cuestiones de seguridad, y que esa misma gente le ordenó ir al convento.

Antes de López, los focos de Comodoro Py se dirigieron al financista Ernesto Clarens, quien pidió declarar como “imputado colaborador”, después de ser citado a indagatoria por el juez Bonadio. Clarens tuvo vínculos económicos con la familia Kirchner de hace más de dos décadas, en Santa Cruz. Fuentes judiciales dijeron que el financista apareció nombrado en las declaraciones de tres de los empresarios “arrepentidos”.

También ayer, el juez Bonadio ordenó la liberación de Martín Larraburu, exsecretario privado de Juan Manuel Abal Medina, en los tiempos que éste ocupaba la jefatura de Gabinete durante la segunda presidencia de Cristina Fernández.

“Mi cliente solo aparece vinculado en un período de tres meses y es en los tres meses anteriores a las elecciones de octubre de 2013”, dijo su abogado, Alberto Mc Mullen.

Larraburu fue nombrado como parte de quienes recibían el dinero de empresarios para ser distribuidos después en campañas electorales del Frente para la Victoria. Abal Medina declaró que Larraburu solo seguía sus órdenes.

www.losandes.com.ar

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