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Negativa de la Justicia a la familia de Santucho

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Las hijas del militante desaparecido reclamaban una millonaria indemnización.

El líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) murió el 19 de julio de 1976, en el marco del operativo de un Grupo de Tareas del Ejército argentino, encabezado por el capitán Juan Carlos Leonetti.

Santucho se encontraba en un departamento ubicado en la calle Venezuela 3149, de Villa Martelli, junto a otros militantes del PRT-ERP cuando irrumpieron las fuerzas armadas. En el lugar se produjo una balacera en que resultó en la muerte del guerrillero, de su compañero, Benito Urteaga, y propio Leonetti. También fueron apresados Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana María Lanzillotto, quien se encontraba embarazada de seis meses. Los cuerpos nunca aparecieron.

Según los relatos, Santucho fue trasladado vivo y herido a Campo de Mayo y eventualmente murió en el Hospital Militar. Por su parte, el hijo de Menna y Lanzillotto apareció en 2016, y se transformó en el nieto recuperado número 121.

Por el hecho, Ana Cristina Santucho, Marcela Eva Santucho y Gabriela Inés Santucho reclamaban una indemnización al Estado de $ 10.000.000. La jueza en lo contencioso administrativo federal, María José Sarmiento rechazó el pedido, sin embargo, ordenó que se les pague la suma de $ 750.000 pesos más intereses por el “daño moral” ocasionado por la desaparición del cuerpo de su padre.

Para la magistrada, era tarde para que las hijas de Santucho inicien acciones contra el Estado por la muerte de su padre. Según entendió, la demanda debería haber procedido “a partir del momento en que el derecho pudo ser ejercitado, de modo que, teniendo en cuenta que la democracia quedó instaurada en el año 1983 y que luego se declaró la ausencia con presunción de fallecimiento por sentencia de fecha 9 de septiembre de 1996, hasta la fecha de interposición de la presente demanda ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción”.

La jueza también repartió los gastos del juicio en un 60% para las hijas de Santucho y un 40% para el Estado nacional.

Al ERP se le atribuyen más de 300 muertes por atentados terroristas. Tristemente célebre es el ataque en el que fueron muertos a balazos al capitán del Ejército Humberto Viola y su hija de tres años, María Cristina. La familia volvía en auto a su vivienda cuando fueron sorprendidos.

En la actualidad, María Cristina Picón, viuda de Viola, se encuentra exigiendo justicia por el asesinato de su esposo y su hija, y le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sean considerados como delitos de lesa humanidad.

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