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Cristina le reclama a la Justicia por sus jubilaciones de privilegio

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La ex mandataria reclama el cobro de las asignaciones que recibía por ella y por su marido, Néstor Kirchner.

La ex mandataria cobraba dos jubilaciones de privilegio, la propia y la que recibía por su fallecido esposo. En 2016, a instancias de una resolución de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, Cristina Kirchner debió elegir entre una de las dos.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley

Según explicaron desde Desarrollo Social, la resolución está basada en la ley 24.018, que en su artículo 5 establece que “toda asignación especial resulta incompatible con el goce de toda pensión o jubilación estatal”.

Cristina había recibido el beneficio vitalicio a través de otra resolución de Desarrollo Social. La misma data de 2015, cuando la titular de la cartera aún era su cuñada, Alicia Kirchner. La firma se efectuó poco antes de que la ex ministra dejara el cargo.

Cristina dejó de cobrar la asignación de Néstor en diciembre de 2016, que ascendía a la cifra neta de $180.520. Pudo conservar su jubilación de $176.744, sobre la que pesa el descuento del Impuesto a las Ganancias, entre otros tributos.

Sin embargo, Cristina solicitó la nulidad de la resolución en abril de 2017, a la que definió como un “ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente del Poder Ejecutivo”. La ex mandataria afirmó que se trata de la persecución “política, judicial y mediática” a la que es sometida, y amenazó con recurrir a instancias judiciales internacionales en caso de que no se restituya el pago.

Desde el gobierno argumentan que el mismo texto de la resolución número 3193 de 2015, firmada por Alicia Kirchner, declara incompatibles ambas asignaciones. En efecto, se autoriza el pago “en cuanto no incurra en las incompatibilidades establecidas en los artículos 5 y 29 de la ley 24.018”.

De momento, la causa de la ex mandataria, “Fernández, Cristina Elisabet c/Ministerio de Desarrollo Social s/Nulidad de acto administrativo”, continúa su curso, impulsada por los abogados Facundo Fernández Pastor, Miguel Ángel Fernández Pastor, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.

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