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Odebrecht: tras el pedido de la Oficina Anticorrupción y el fiscal Federico Delgado, impiden salir del país a Corcho Rodríguez

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En reemplazo de Casanello, el juez Torres tomó la medida de inmediato. También habían solicitado que indaguen al empresario del espectáculo.

Por la mañana temprano, el fiscal federal Federico Delgado había acompañado con una nota el pedido de la Oficina Anticorrupción al juez Sebastián Casanello, para que llame a indagatoria a Jorge “Corcho” Rodríguez a causa de los vínculos del empresario con cambistas de Odebrecht -la firma brasileña que pagó sobornos en Argentina para obtener obras-, y transferencias a sus contadores en Uruguay por más de 11 millones de dólares. Pocas horas después, apenas pasado el mediodía, el juez Sergio Torres -que estos días se encuentra reemplazando a Casanello- dictó la prohibición de salida del país de Rodríguez y junto con la de sus allegados Marcos Sankowitz y Osvaldo Gandini, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

En un breve texto presentado ante el juzgado, Delgado había advertido que “comparte las razones” del pedido presentado más temprano por Laura Alonso. “De hecho, estamos trabajando en un texto de similares características. Por estas razones, no solo su señoría debería receptar favorablemente la petición, sino que de inmediato debería decretar la prohibición de salida del país de Jorge Ernesto Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini y Marcos Samuel Sankowitz”. Delgado lleva adelante la investigación de la ruta de los sobornos en la construcción de dos plantas potabilizadoras a cargo de AySA, en las que intervino Odebrecht.

Clarín reveló este domingo que la Justicia uruguaya determinó que cambistas de Odebrecht transfirieron 10.210.374 de dólares y 684.283 euros al “intermediario” Rodríguez, entre octubre de 2011 y septiembre de 2014.

En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.

En consecuencia, se planteó que hubo una “ficción sobre el mejor precio” y que ambas obras expusieron “la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas”.

Las obras cuestionada son dos. La primera de ellas, Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, por un 25% más alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.200 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.

La segunda obra, la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.

En ambas obras, según consignó el juez y tomó como dato relevante. participaron “firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato”, la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras: en Argentina las coimas admitidas son de al menos 35 millones de dólares, pero podrían haber sido de hasta 100 millones de dólares.

Este tramo de la causa está a cargo del fiscal Delgado, que hoy acompañó el pedido de indagatoria de Jorge Rodríguez formulado por la OA. Durante la instrucción, Casanello determinó que hubo una serie de reuniones entre autoridades de AySA y la constructora brasileña en las que intervino el empresario.

Según la Oficina Anticorrupción, el dinero que descubrió la justicia de Uruguay era para que el “ex ministro Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas beneficiaran a la constructora brasileña en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, “mediante un acuerdo espurio que incluía el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

El organismo planteó que el “Corcho” Rodríguez utilizó para pagar los sobornos a la empresa off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, de cuya cuenta en el Banco Itaú “fluyeron los montos descriptos”.

Para realizar esas operaciones, el empresario habría contado con la colaboración de tres contadores uruguayos, quienes “tuvieron vinculación directa con la sociedad uruguaya, su mantenimiento, administración y derivación de fondos”, aseguró la OA. Y agregó que esas personas “son quienes figuran en los registros de ese país como autoridades de Sabrimol y que ejecutaban las directivas de Rodríguez, que daba en forma directa o a través de su contador, Roberto Gandini”.

A los tres socios uruguayos de Sabrimol se le agregaba Marcos Samuel Sankowicz, quien figura como receptor de las transferencias de esa empresa off shore.

Los cuatro realizaban viajes entre Uruguay y la Argentina, en aviones del “Corcho” Rodríguez, “que permiten sospechar que parte del dinero pudo haber ingresado en efectivo por esa vía”.

https://www.clarin.com

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