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El abogado de la AFIP contra Cristóbal López

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El letrado se posicionó contra el fallo y adelantó que apelarán el cambio de calificación de carátula.

Ricardo Gil Lavedra fue entrevistado por FM La Patriada, allí criticó el fallo que excarceló a Cristobal López y a su socio, Fabián De Sousa.

“Se trata de una arquitectura que se pergeñó desde AFIP para que Cristóbal López a través de OIL (Combustibles) no pagara nunca en planes generales o particulares, cuando estos lo alcanzaban, para no ingresar nunca el impuesto. La maniobra fue armada desde el Estado, en consecuencia los funcionarios son los responsables”, afirmó.

Además, Gil Lavedra agregó que “existe la posibilidad que esto esté vinculado con otras causas que están en trámite que suponen también un beneficio a determinados empresarios por parte del Estado, que esto se traduce en retornos a funcionarios públicos”. Dicha afirmación hace una clara alusión a las causas que investigan a la familia Kirchner y a empresarios como Lázaro Báez.

También adelantó que “vamos a apelar el cambio de calificación en la medida que supone una nueva calificación de la competencia”. Sin embargo, aclaró que no se cuestionará la decisión de liberar al empresario, pero que el Estado le rescindirá un importante contrato contrato millonario para la construcción de un acueducto, obra que actualmente se encuentra paralizada.

En cuanto a la venta del grupo Indalo, Gil Lavedra ponderó la situación de la empresa y los trabajadores, aunque aclaró que no es una responsabilidad de la AFIP. “Cualquier oferta razonable y a valor de mercado por las empresas del Grupo Indalo se va a autorizar”, afirmó.

Cabe recordar que Cristóbal López está acusado del delito de evasión fiscal. El juez federal Julián Ercolini había ordenado su detención y la de su socio en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL.

Ambos estaban procesado con prisión preventiva por ser considerados partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública.

Ercolini, además había procesado al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerarlo autor del delito que se le imputa también a los empresarios. A los tres imputados se les había trabado un embargo de diecisiete mil cuarenta y dos millones quinientos nueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($17.042.509.692).

Según la acusación, ahora en cuestión, la maniobra delictiva comenzó en mayo de 2011, cuando Oil Combustibles comenzó su operatoria. Durante más de cuatro años la AFIP -comandada por Echegaray- a través de diversas irregularidades, habría permitido que la compañía de López no pagara el impuesto a los combustibles líquidos. Los empresarios utilizaron ese dinero en forma indebida para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo tornando de esta manera incierto el cobro de la deuda que mantienen con el Estado Nacional.

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