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La ley Brisa, un reclamo histórico de las mujeres que el Congreso sancionaría este año

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Consiste en subsidiar a los hijos de víctimas de femicidios. El Gobierno la avala pero no la quiere retroactiva.

La Cámara de Diputados avanzaría en las próximas semanas con la Ley Brisa, un viejo anhelo de las organizaciones feministas, que consiste en una reparación económica y cobertura de salud a hijos de víctimas de femicidios.

La promueve la ONG Casa Encuentro y homenajea a la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada en 2014 por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez.

Brisa y sus hermanos quedaron a cargo de su abuelo, Osvaldo Barrionuevo, que debió pedir ayuda en los medios para sostenerse. La ciudad de Buenos Aires tiene su ley para estos casos pero no abarca a la joven, porque vive en territorio bonaerense.

La ley Brisa aprobada en el Senado prevé un subsidio a hijos de víctimas de femicidas. Es retroactiva a cualquier caso y en Cambiemos temen no poder absorber el costo fiscal. Pero tratarán de subsanarlo y aprobarla en los próximos meses.

Una ley nacional subsanaría ese problema y el Senado dio el primer paso en mayo con un proyecto aprobado por unanimidad, promovido por la santiagueña Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini (Frente Cívico de Santiago del Estero) y Jaime Linares, cercano a Margarita Stolbizer.

Pero nunca pasó el filtro de Diputados por su artículo 3, que establece retroactividad plena, para que los menores de 21 años desamparados por casos de femicidio en sus familias sean subsidiados ni bien sea sancionada la ley.

“No teníamos una dimensión del costo fiscal, pero vamos a resolverlo para aprobarla con modificaciones en las próximas semanas”, anticipó a LPO la radical Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Familia, que se constituyó este martes y participará también del debate de la ley del aborto.

El encargado de frenar el proyecto fue Luciano Laspina, al frente de la Comisión de Presupuesto y siempre atento a no sumarle demasiados gastos al Gobierno.

La idea de sancionar la ley sin retroactividad no termina de conformar a Casa Encuentro, donde registraron 3.320 hijos e hijas de víctimas de femicidio, de los cuales el 66% son menores de edad y no tienen dónde ir.

Su única fuente son los medios de comunicación y por lo tanto el costo fiscal es incalculable. “Estamos analizando como contemplar todos los casos. Pero la ley será sancionada”, aseguró Martínez.

La agenda de las mujeres tiene otros temas como la “Economía del Cuidado”, que consiste en calcular el tiempo utilizado por las mujeres para atender hijos y ancianos y evaluar una remuneración acorde.

El debate estará presente en la reunión del G20 que habrá en Buenos Aires en noviembre y parte de un dato clave: quienes protegen a chicos y grandes casi siempre son mujeres, familiares o contratadas para esas tareas.

“Una forma de medirlo es mediante una encuesta del Indec que determine cuánto tiempo se dedica al cuidado”, anticipó Martínez.

El año pasado el Congreso sancionó una ley reclamada por las ONGs que trabajan temas de género: la privación automática de la responsabilidad parental de los femicidas que causen lesiones en sus progenitores. Ninguno puede seguir siendo padre.

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