Inicio Grales. Bajo la lupa: pasado, presente y futuro de la Oficina Anticorrupción

Bajo la lupa: pasado, presente y futuro de la Oficina Anticorrupción

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Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción

El organismo recibe múltiples críticas de la oposición por “falta de objetividad” y de “independencia”. Cuáles son los cambios que impulsará el Gobierno.

La Oficina Anticorrupción lanzará una consulta pública para debatir una serie de reformas a la Ley de Ética Pública, que incluirá tres cuestiones clave, como los casos de nepotismo, conflictos de intereses de funcionarios y una serie de cambios en la presentación de las declaraciones juradas. Sin embargo, uno de los puntos más jugosos será el debate respecto al rol del organismo y la elección de su titular, en un contexto de muchas críticas de la oposición por la presunta “falta de objetividad” e “independencia” en el organismo que debe controlar a funcionarios actuales y de gestiones anteriores.

No se trata de un aspecto para nada menor, si se tiene en cuenta que la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, recibió decenas de críticas desde que asumió en el cargo que debe controlar al Gobierno por su cercanía con el presidente Mauricio Macri y su militancia en las filas de Cambiemos, que incluyó un mandato y medio como diputada nacional por el PRO. Sectores opositores cuestionan al organismo por la poca independencia y la falta de objetividad ante casos de graves denuncias e irregularidades entre funcionarios de la gestión.

Y se hacen una pregunta llamativa: ¿es útil un organismo de control que depende del propio Gobierno?

Entre los cambios que prevé el anteproyecto que se hará público en los próximos días prevé que la elección del titular de la OA surja del Poder Ejecutivo pero sea debatido y obtenga consensos suficientes en el Congreso de la Nación, tal como ocurre, por ejemplo, con el cargo de Defensor del Pueblo. “Habrá una terna y la elección se hará en el Senado”, aseguró una fuente a BigBang.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, recibió decenas de críticas desde la oposición.
En la OA esperan que sea un debate extenso, y estiman que puede llegar a prolongarse hasta un año. El tema podría ser uno de los ejes del discurso de Macri durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el próximo 1° de marzo. “Todavía no hay danza de nombres”, descartó un funcionario ante la consulta de este medio.

Lo que ocurre hoy con la OA no es nuevo: en el pasado también fue epicentro de críticas por su inacción, sobre todo en tiempos del kirchnerismo. Para el director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, Pablo Secchi, las falencias no tienen que ver simplemente con los funcionarios a cargo, sino con su diseño institucional: “No es independiente por ley, desde su creación. Es un funcionario cercano al gobierno, toda la apertura de suspicacias es racional”.

En este contexto, la oposición argumenta entre sus críticas que desde la OA avanzan contra ex funcionarios de la administración K, pero que en las causas por conflictos de intereses e irregularidades donde son apuntados funcionarios del Ejecutivo actual se encuentran paralizadas o tuvieron poco avance. En total, el organismo que comanda Alonso tiene 27 expedientes abiertos, aunque relativizan su impacto y señalan que hay casos de “denunciadores seriales”, tal como publicó el diario Clarín el 18 de enero pasado.

El listado es extenso, desde el presidente hasta subsecretarios y funcionarios de menor jerarquía, desde casos de presuntos delitos complejos, como las investigaciones por el escándalo de Panamá Papers, hasta casos por malversación de fondos, como es el caso de Esteban Bullrich. Otro complicado es el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, por irregularidades en dos licitaciones. Cuando estalló el escándalo por las sociedades off shore de Macri y su familia, la titular de la OA defendió al mandatario con una llamativa frase: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”, lanzó por Twitter.

Entre los más recientes, se destaca el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por las irregularidades en la designación de su ex empleada doméstica, Sandra Heredia, en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Sin embargo, ese caso podría quedar en la nada, al menos en la OA, debido a que el organismo no ejerce control de sindicatos. Sólo podría intervenir si, por ejemplo, el Ministerio hubiera pagado una parte del salario en esas designaciones.

“Alonso está ahí para perseguir posibles delitos cometidos durante 12 años de kirchnerismo. No tiene ninguna intención de investigar los delitos actuales, que no son conflictos de intereses: son delitos”, cuestionó el diputado por el Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade. En diálogo con BigBang, el legislador apuntó a Alonso como una funcionaria “poco objetiva, que no es imparcial y mira para otro lado”. “Tarda años en establecer incompatibilidades. Pero además, tiene participación activa en el encubrimiento de delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Cristina Kirchner o de Macri: el caso Odebrecht es un ejemplo más que claro”, puntualizó.

Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la OA tuvo poca actividad.
En la OA rechazan las críticas por la falta de objetividad, y argumentan que en países como los Estados Unidos o Francia, la designación parte del jefe de Estado y no existe intervención de los parlamentos, debido a que están pensados como organismos de control interno. Apuntan que en la Argentina se pensó como una fiscalía, aunque esa tarea le corresponda a la Procuración.

Un dato curioso y que llama la atención en línea con el reclamo por mayor transparencia, está vinculado a Mora Kantor, la directora de Planificación de Políticas de Transparencia dependiente de la OA, que no presentó la última declaración jurada.

UN ORGANISMO “NUEVO”

El primer jefe de la Oficina Anticorrupción fue José Massoni, quien asume en el inicio del gobierno de Fernando De la Rúa y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2002, e impulsó denuncias por gravísimos delitos de corrupción durante la gestión de Carlos Menem, que no sólo abarcaba al arco político, sino que tocaba esferas del Poder Legislativo y el Judicial.

Luego le siguió el ex fiscal Manuel Garrido, quien según cuentan los expertos tuvo una buena gestión al frente de la OA, aunque su paso por el organismo que depende del Ministerio de Justicia fue breve: ingresó en diciembre de 2002 y se fue en noviembre de 2003. Otros dos funcionarios ocuparon cargos entre 2003 y 2008, y en enero de 2009 asumió Julio Vitobello, quien permaneció en el cargo hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015.

El presidente haría hincapié en los cambios a la ley de Ética Pública el 1° de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias.
Aunque en la OA cuentan que el organismo no fue “copado” por la militancia, aseguran que tampoco se impulsaron investigaciones serias. Secchi aseguró a BigBang que “se pone demasiada expectativa en su funcionamiento, a pesar de que no tiene las funciones necesarias para sancionar contundentemente a funcionarios públicos”. “El nombre de ‘Oficina Anticorrupción’ es muy rimbombante, no es el gran adalid de la lucha contra la corrupción”, agregó el titular de la ONG que en el pasado condujo la propia Alonso.

En esta línea, el politólogo indicó que lo más aconsejable es que la OA articule su tarea junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General y la SIGEN, entre otros organismos.

El bloque K presentó varias iniciativas durante el año pasado para que la OA dependa del Congreso y su titular sea elegido mediante consenso parlamentario. “Lo más importante es que salga de la esfera del Ejecutivo, lo más indicado es que se elija un titular que no sea del oficialismo”, sostuvo Tailhade.

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