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El Gobierno desarma la reforma laboral y se prepara para el nuevo año político

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Buscará que los temas del paquete laboral sean tratados por separado, como distintas leyes. Es una señal para desarticular un nuevo esquema de la CGT liderado por los sectores más duros y un gesto hacia el peronismo de los gobernadores

Por Eduardo Aulicino

Curiosidad, paradoja: la cláusula gatillo para ajustar salarios era descalificada hace apenas un año por varios gremios –entre ellos, los docentes- y ahora, en cambio, es reclamada por jefes sindicales y rechazada por funcionarios nacionales, que reponen el ensayo –infructuoso, en ésta y en gestiones pasadas- de colocar un techo o referencia rígida a las paritarias. ¿Todo se encamina a un conflicto duro entre sindicatos y Gobierno? Las señales son contradictorias, porque también asoman mensajes contemporizadores y negociaciones para distender el clima.

Hay varias discusiones superpuestas en este terreno, algunas muy coyunturales y otras más de fondo. Ese cuadro mezcla las expectativas inflacionarias, el efecto de las paritarias, la interna cegetista, la reforma laboral, la relación del Gobierno con los jefes sindicales y con el peronismo –dos universos complejos y heterogéneos- y hasta la suerte de las relaciones en el Congreso.

El tema estrictamente salarial expresa apenas una parte de la realidad. La capacidad del Gobierno en este terreno es limitada. Puede pesar en la discusión con los estatales y seguramente reeditará tensiones en especial con los docentes, pero no supera la condición de referencia para el resto: no sólo porque las paritarias formalmente no tienen techo legal, sino además porque terminan resolviéndose según las condiciones de cada sector productivo.

Pero existe una cuestión de fondo no debidamente saldada en el propio oficialismo y entre algunos economistas de consulta. Si el tema es no alimentar las expectativas inflacionarias, generadas además por muchos actores económicos, por qué considerar que la cláusula gatillo empuja esas expectativas cuando, en rigor, puede desalentarlas.

El Gobierno recalculó de hecho la perspectiva de inflación y la colocó en un 15 por ciento para este año. Otras estimaciones, que incluso son aceptadas en medios oficialistas, estiran ese número a una franja que llega al 19 por ciento. Sin cláusula gatillo, es difícil que algún gremio se plante entonces en menos del 20 sin alguna garantía de revisión. Las discusiones paritarias instalarían en ese caso una cifra bastante más alta que el cálculo oficial: un motor de expectativas crecientes en sí mismo.

Por el contrario, la famosa cláusula gatillo podría allanar el camino a acuerdos más bajos, que en caso de que la realidad los supere –como ocurrió en los últimos años con las proyecciones oficiales- permitiría reajustar las cuentas pero sin haber alentado desde el inicio esa carrera con impacto en los precios.

Esa discusión recién empieza a plantearse y su resultado es incierto. Los jefes sindicales, casi de oficio y más allá de sus diferencias bastante evidentes en otros rubros, han coincidido en el rechazo al techo salarial y han reclamado el mecanismo de ajuste automático antes desdeñado.

Si ese punto los une, hay muchos otros que los enfrentan, empezando por la propia relación con el Gobierno. Y el oficialismo, al menos en otros temas –entre ellos, el de la sensible reforma laboral- empezó a dar señales tendientes a evitar que se transforme o actúe como bloque el heterogéneo universo sindical, hoy cruzado por fisuras y disputas internas que han puesto en duda la efectividad y la supervivencia del trío que conduce la CGT.

En rigor, el Gobierno busca trabajar sobre ese cuadro, lo cual abre interrogantes sobre la rigidez del planteo acerca de las paritarias.
En ese plano, el síntoma más evidente para distender el cuadro sindical es el giro en torno de la reforma laboral. No sólo fue dada de baja entre las prioridades legislativas –volteada a su vez la idea de convocar a extraordinarias-, sino que además el oficialismo ya no empuja el tratamiento del tema como un paquete cerrado, que incluye desde el blanqueo laboral para atacar el trabajo en negro, hasta cuestiones relacionadas con el cálculo de indemnizaciones.

Fuentes de primer nivel del oficialismo plantean dos cuestiones: el primero, la idea de desglosar el paquete en diversos proyectos. El segundo, avanzar en paralelo con los acuerdos por sector productivo, al estilo de los petroleros en Vaca Muerta o de las automotrices, para bajar costos de producción y atraer inversiones en rubros de peso.

Eso tacharía del temario cegetista el rechazo a la reforma laboral como proyecto único, a pesar de que los jefes de la CGT avalaron un acuerdo inicial que luego fue dinamitado por sus propias internas. Pero además, es un mensaje al peronismo de los gobernadores y otros referentes. El jefe de los senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, y también después los diputados alineados con los jefes provinciales ya habían dicho que no estaban dispuestos a la batalla de la reforma laboral sin respaldo explícito de la central sindical. El tema parece ahora despejado.

La discusión de los distintos aspectos de esa iniciativa, por separado, sería parte de las sesiones ordinarias. También la decisión de no convocar a extraordinarias tuvo que ver con esa cuestión y la imposibilidad de cerrar trato sobre otros proyectos, con el cortinado de fondo de las muy duras sesiones de fin del año pasado para aprobar la reforma tributaria y el mecanismo de actualización de jubilaciones, entre otros temas tratados en velocidad y con altos costos políticos.

Sin acuerdos previos, las sesiones extraordinarias podrían haberse convertido casi exclusivamente en “un escenario para el juego de la oposición, sin sentido para el Gobierno”, según una fuente calificada del oficialismo legislativo. Habrían sido, en el mejor de los casos, dos o tres sesiones en febrero, inviables sin entendimientos políticos previos con el peronismo y en un tablado montado de hecho para una nueva ofensiva del kirchnerismo.

Esa es una de las preocupaciones y, en la práctica, un punto de análisis en el interior de Cambiemos antes de encarar el año legislativo. La cuestión es cómo ajustar temarios y líneas de negociación con el PJ para evitar, o al menos para no favorecer, una convergencia que termine siendo explotada por los sectores de mayor dureza. El debate de la llamada reforma previsional colocó al kirchnerismo como eje del rechazo, posición que se debilitó de manera creciente al tratar otros proyectos como el Presupuesto, el pacto fiscal y la reforma tributaria.

Se trata de un terreno difícil, con escaso margen para el error. El rechazo a la reforma jubilatoria un tanto tardío de los dirigentes de la CGT, y las declaraciones en contra que repiten en estas horas los referentes más enfrentados al Gobierno, coloca a esos sectores de la CGT también en posición de conflicto con los gobernadores del PJ, que mayoritariamente respaldaron la iniciativa. Fue parte del trato para resolver la reforma tributaria y desactivar el conflicto por el Fondo del Conurbano.

La pintura del sindicalismo peronista es cualquier cosa menos armónica. La foto que entregó esta semana es significativa por sus presencias y también por sus ausencias. Convocados por Luis Barrionuevo, como ya es hábito de enero, estuvieron en Mar del Plata Hugo Moyano y también, claro, los dos integrantes del triunvirato cegetista más próximos, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Se sumaron al asado algunos otros dirigentes, entre ellos Sergio Palazzo (bancario), kirchnerista, y Omar Maturano (La Fraternidad). En cambio, no participó Héctor Daer. Tampoco lo hicieron los “gordos” (gremios grandes de servicios) los “independientres” (estatales de UPCN, construcción, aguas) y los colectiveros.

Fue una imagen más pobre que la de diciembre, cuando ensayaron una señal de unidad y terminaron confirmando las fisuras. Pero no fue esa la única cuestión. Tampoco lo fue la muy dura crítica al Gobierno, acompañada de una imprecisa advertencia sobre futuras medidas de protesta. Tal vez el rasgo saliente fue la reacción más bien corporativa ante las imágenes de corrupción explícita expuestas por un puñado de causas con sindicalistas presos. Y frente a la inquietud que generan otras investigaciones.

Con todo, desde el Gobierno rearman la relación con la primera línea sindical, que nunca se agotó en la conducción formal de la CGT. Nada indica que eso vaya a cambiar, a pesar incluso del deterioro que sufre el ministro Jorge Triaca por el escándalo de la empleada de su quinta familiar. Del mismo modo, el oficialismo empieza a tratar de allanar el camino en el Congreso. Son dos rompecabezas, el de la CGT y el del peronismo, con piezas que se combinan.

¿Será este año más complejo y denso que el que acaba de terminar, teñido punta a punta por las elecciones? Otra curiosidad, con formato de pregunta. En medio de los costos que enfrenta en el último mes, parte de la respuesta corresponde sólo al Gobierno. La oposición, por supuesto, no es ajena a esos movimientos.

Fuente: www.infobae.com

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