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La Justicia no le levantó el embargo a Cristina

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La ex mandataria quería utilizar parte de su patrimonio embargado, sin embargo el pedido fue rechazado. La Cámara de Casación ya había considerado que el planteo de la defensa era improcedente, el pasado mes de noviembre.

$ 10.000 millones es la cifra del embargo por el juez Julián Ercolini contra la senadora Cristina Kirchner. Es en el marco de la causa que investiga los contratos de obra pública concedidos al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, con sobreprecios y subjecución.

El abogado de la senadora, Carlos Beraldi, había presentado un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, para que parte de los bienes puedan ser utilizados. También había pedido la imputación del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Mariano Federici. Ambas solicitudes fueron rechazadas.

La Sala IV de Casación ya había confirmado el embargo el pasado 2 de noviembre de 2017, sin embargo, la defensa insistió con el pedido. Ahora, como se trata del máximo tribunal en el fuero penal, la última posibilidad será acudir a la Corte Suprema de Justicia.

Ya el año pasado, para los jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, no había existido el “agravio” y “arbitrariedad” que la defensa proponía, por lo tanto, había quedado ratificado el procesamiento dictado por Ercolini.

El embargo que la ex mandataria está tratando de limitar afecta a 180 propiedades, 25 de las cuales había sido cedidas a Máximo y Florencia; su parte de las empresas Los Sauces SA, Hotesur SA (ambas investigadas por la Justica por presunto lavado de dinero) y CoMa SA; y 46 vehículos familiares, que pasaron a la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE).

En cuanto al pedido extraordinario contra el director de la UIF, el fiscal Barberá de la Cámara de Casación consideró que el reclamo “era improcedente”. La ex mandataria había acusado a Federisi de abuso de autoridad y peculado.

El pedido de imputación contra el titular de la UIF había comenzado después que la esa oficina investigara el patrimonio de los Kirchner, comparando declaraciones juradas que ya habían sido analizadas por el juez Norberto Oyarbide, quien en su momento había sobreseído a Cristina por presunto enriquecimiento ilícito. También se había asistido a Ercolini en otras causas contra la ex mandataria.

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