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Los jueces y fiscales bonaerenses deberán presentar declaraciones juradas

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Los jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires deberán presentar sus declaraciones a partir de 2018.

La presentación de las DDJJ fue resultado del Acuerdo de ministros de la Suprema Corte. Se trata de una concesión del sector en medio de las críticas que vienen recibiendo por sus beneficios fiscales y laborales, por la presunta parcialidad política de algunos de sus funcionarios, y por haber favorecido a algunos delincuentes, quienes después volvieron a cometer delitos.

“Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada de su patrimonio los magistrados y funcionarios del Poder Judicial; los peritos oficiales; y los agentes que, por la naturaleza de sus funciones, se encuentran sujetos a un especial control, tales los casos de aquellos que intervengan en procedimientos de adquisición de bienes o servicios o su recepción, o que participen en la administración y gestión de bienes del Estado”, indica la resolución de la corte bonaerense.

La declaración será pública, obligatoria y “contendrá una enunciación de bienes y actividades del obligado, de su cónyuge o conviviente y de quienes se encuentren bajo su responsabilidad parental, tutela o curatela, al 31 de diciembre del año inmediato anterior, tanto en el país como en el extranjero”.

Los funcionarios judiciales y miembros de otros organismos tales como la Contaduría General, Fiscalía o Tesorería están exentos de pagar el impuesto a las ganancias. La misma Corte Nacional de Justicia aprobó la resolución que respaldaba ese beneficio. Algunos magistrados perciben salarios de hasta 200.000 pesos. También se critica la flexibilidad del horarios laboral de los judiciales.

Cabe aclarar que el sistema judicial funciona de manera autónoma, sin embargo, esta muestra de buena voluntad de seguro intenta acallar esas críticas y retrasar reformar de fondo necesarias. También ponerse a tono con otros cambios que vienen implementando el gobierno bonaerense, como la eliminación de las jubilaciones de privilegio de gobernadores, vice y legisladores.

El dictamen de la corte provincial justifica que “a raíz de la aprobación de diversos tratados internacionales, nuestro país asumió el compromiso de establecer mecanismos para salvaguardar la ética en las actividades públicas, a los fines de prevenir y luchar contra la corrupción, que agravia y lesiona la sustancia del orden constitucional”.

Por lo tanto, continúa el texto, se evidencia “la necesidad de contar con sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.

Asimismo, los ministros le solicitaron a la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte de Justicia y a la Subsecretaría de Informática “que arbitren las medidas necesarias para el desarrollo del sistema y los formularios estandarizados respectivos”.

La decisión fue respaldada por la Procuración General y celebrada por el gobierno provincial.

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