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Otra denuncia suma problemas a Cristóbal López

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Se trata de presuntos sobreprecios cobrados por parte de una empresa del Grupo Indalo.

La Justicia ahora investigará a una de las empresas de construcción que forman parte del Grupo Indalo por el cobro de sobreprecios por $100 millones. Estos se habrían cobrado en el marco de obras de reparación de un acueducto entre Chubut y Santa Cruz, y por la instalación de una planta potabilizadora.

La denuncia penal fue realizada por la Oficina Anticorrupción y quedó en manos del juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11.

La Oficina Anticorrupción había recibido informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) sobre irregularidades en los costos de las obras realizadas entre 2013 y 2015. Concretamente, se trató de unas modificaciones en el proyecto original que incluían importantes sobreprecios.

La obra inicial es la “Optimización del acueducto regional Lago Musters –Comodoro Rivadavia – Rada Tilly- Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”. La empresa de Cristóbal López había quedado a cargo de realizar reparaciones en algunos tramos del mismo. De esta se desprendió una segunda obra, que se ejecutó sin licitación previa.

El precio original de la obra no fue el problema puntual, sino cambio de caños que habían sido sugeridos en un informe de AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), empresa dependiente del del Ministerio de Planificación. Esas modificaciones fueron inicialmente desaprobadas por el gerente técnico del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), José María Luján. Eventualmente éste fue reemplazado por Sergio Benet, quien aprobó los cambios que incluían un presunto sobreprecio de $46.075.499,21.

El acueducto transportaba agua desde el Lago Musters, que debía ser potabilizada y abastecer a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Después, se decidió la construcción de una nueva planta potabilizadora de ósmosis inversa en Caleta Olivia, sin embargo, en logar de llamar a una nueva licitación, la obra quedó en manos de la misma empresa.

De acuerdo a la causa 15.384 de la Sindicatura, en esta obra se habrían pagado sobreprecios de $46.757.340 por los cuatro módulos que conforman la planta, y otros $6.741.499,68 por su instalación.

En este marco, quedó especialmente complicado Lucio Tamburo, titular del Enohsa, y el gerente técnico de ese organismo, Sergio Benet, quien terminó aprobando las modificaciones del acueducto. Por su parte, la empresa adjudicataria, CPC S.A, propiedad de Cristóbal López, también había estado involucrado en el pago de alquileres a la inmobiliaria de los Kirchner. De momento no se vincula directamente al empresario, sólo al apoderado Gustavo Horacio Dalla Tea, y al ingeniero Luis Cenoz.

También se menciona al inspector de obra Ricardo Williams, responsable de que la misma empresa realizara la segunda obra sin licitación previa, y a la asesora legal de de Enohsa, Gabriela Tamame.

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