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El pacto Sánchez-Rajoy: Activar el 155 a cambio de reforma constitucional

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Puigdemont declaró la independencia, luego suspendió sus efectos y luego firmó un documento con 72 diputados independentistas (ni votado ni debatido en el Parlament) declarando la constitución de la República Catalana como Estado independiente y soberano. Así, abrió un debate hermenéutico sobre la interpretación de sus palabras. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy no perdió el tiempo: le pidió que aclare y desista de sus intenciones -primer paso para activar el Artículo 155, que intervendría la autonomía de la región-. El PP cuenta con el apoyo de los socialistas, que le sacaron algo a cambio: la apertura del debate de la modificación de la Carta Magna en el Congreso español dentro de 6 meses.

“Después de los resultados del 1-O, Catalunya se ha ganado el respeto de ser un estado independiente”, pronunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su comparecencia el 10/10 ante el Parlament.”Las urnas dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a transitar. Asumo el mandato del pueblo de Catalunya para que sea un Estado independiente”, dijo. Sin embargo, agregó poco después: “Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para comenzar un diálogo.”

Pero tras la sesión del Parlament, Puigdemont, 72 diputados independentistas y otros, firmaron un documento (por fuera del pleno) que contradice lo expuesto por el presidente de la Generalitat. En él, autoproclamándose “los legítimos representantes del pueblo de Cataluña” proclaman “la República catalana como Estado independiente y soberano”. El texto no había sido votado ni debatido en el Parlament.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez: la activación del Artículo 155 a cambio de la reforma de la Carta Magna. REUTERS/Rafael Marchante
“Después de los resultados del 1-O, Catalunya se ha ganado el respeto de ser un estado independiente”, pronunció el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante su comparecencia el 10/10 ante el Parlament.”Las urnas dicen sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a transitar. Asumo el mandato del pueblo de Catalunya para que sea un Estado independiente”, dijo. Sin embargo, agregó poco después: “Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para comenzar un diálogo.”

Pero tras la sesión del Parlament, Puigdemont, 72 diputados independentistas y otros, firmaron un documento (por fuera del pleno) que contradice lo expuesto por el presidente de la Generalitat. En él, autoproclamándose “los legítimos representantes del pueblo de Cataluña” proclaman “la República catalana como Estado independiente y soberano”. El texto no había sido votado ni debatido en el Parlament.

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Dice un fragmento del texto:

“En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.”

“La cúpula del independentismo lo ha vuelto a hacer. Cada vez que se encuentra en un atolladero, recurre a la ‘astucia’. Esta vez en forma de enunciado alambicado y retorcido, un redactado pergeñado para contentar a muchos y que no va a gustar a casi nadie”, escribió Lola García del diario La Vanguardia. “Han ganado los partidarios de una declaración unilateral de independencia (DUI), algo temerosa y en diferido, aunque la frase sea suficiente como para que el Gobierno del PP no pueda quedarse de brazos cruzados. Es una declaración que no se votó, que no será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat y que no provocó un estallido de celebraciones en las calles como se supone que haría un pueblo que anhela ese instante desde hace tiempo, pero que puede activar el fatal artículo 155 de la Constitución”, agregó García.

“Con un discurso innegablemente hábil, Puigdemont mató varios pájaros de un tiro. Blanqueó concienzudamente la contaminada imagen del secesionismo catalán ante la opinión pública europea, irritada ante un conflicto territorial tan perturbador como incomprensible. Hizo parecer que su descalabrado partido resucitaba para torcer la voluntad de sus socios extremistas. Asumió personalmente el coste de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia), asegurándose de que, en su caso, será él y no otro quien tenga el honor de ingresar en la trena flanqueado por dos tricornios. Comenzó a recuperar el papel de interlocutor válido en una eventual negociación. Suministró a la dupla Colau-Iglesias el pretexto que necesitaban para seguir enganchados al carro soberanista. Y, sobre todo, introdujo de nuevo la semilla de la división en el bloque constitucional, tratando de enervar —o al menos, de hacer mucho más costosa la adopción de medidas excepcionales para restaurar la legalidad en Cataluña—”, escribió Ignacio Varela en El Confidencial. Así, “lo que hoy tenemos no es una reacción fulminante ante la DUI, sino un abstruso debate hermenéutico en el bloque constitucional sobre la interpretación de las palabras de Puigdemont.”

En este contexto, el Presidente español, Mariano Rajoy, pidió a Puigdemont que “confirme si ayer declaró o no la independencia” (primer paso en el mecanismo constitucional para activar el Artículo 155, el que intervendría la autonomía de Catalunya). El Consejo de Ministros aprobó enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclare y desista de sus intenciones. “Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución”, especificó el Presidente español. El paso dado por el Ejecutivo cuenta con el pleno consenso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), explica El Confidencial.

“En este caso, y dada la confusión generada ayer por el presidente de la Generalitat con su decisión de proclamar y al tiempo suspender la aplicación de las consecuencias de crear su república nacionalista catalana, el Ejecutivo empieza por pedir confirmación de la decisión que ha tomado el dirigente independentista”, explica A. Collado de El Confidencial. “El presidente del Gobierno precisó que el requerimiento previo es el requisito para adoptar en los próximos días las medidas previstas en la Constitución para restablecer la ley en una administración que se salta el ordenamiento constitucional y va contra los intereses generales de la nación. La intervención de competencias vendría después, en caso de que las autoridades autonómicas confirmen su desobediencia y rebelión”, agrega Collado.

Si bien no fue detallado el plazo que el requerimiento da a Puigdemont para responder, fuentes del Partido Popular (PP) de Rajoy hablaron de 5 días a partir del jueves 12/10, explica El Confidencial. Así, el presidente de la Generalitat deberá aclarar si sigue suscribiendo el texto firmado con el resto de los diputados independentistas, que contradice la suspensión de la declaración de independencia que había anunciado, y que supone una verdadera proclamación de Catalunya como República soberana independiente que solicita negociar “de Estado a Estado” con el resto de España.

Pero ahí no terminan las repercusiones de la declaración de independencia: se abrió la alternativa de la reforma constitucional, la que promueve el PSOE desde el año 2013, explica Juanma Romero de El Confidencial. Esta iniciativa para buscar un nuevo acomodo de Catalunya en España comenzaría en 6 meses. “Ese es el acuerdo totalmente excepcional que ha arrancado Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, que a su vez sabe que sigue teniendo a su lado al PSOE en la respuesta al desafío independentista y en la defensa más absoluta del Estado de derecho”, explica Romero. Así, será creada la comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico en el Congreso, que abordará varios bloques de temas, referidos al modelo territorial, como competencias o financiación, entre otros. Bajo el pacto entre Sánchez y Rajoy, esta se pondrá en marcha “inmediatamente” en la Cámara Baja -quizás la semana próxima, explica El Confidencial-, sin estar condicionado por la respuesta que dé Puigdemont al requerimiento. Dentro de 6 meses, deberá haber acabado sus trabajo, plazo tras el cual se abrirá el debate de la modificación de la Carta Magna en el Congreso.

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