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Quién es Tatanaki, el ex cliente de Moreno Ocampo sospechado de apoyar criminales de guerra en Libia

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El ex fiscal que acusó a la dictadura militar de 1976 está señalado por tráfico de influencias antes y después de haber sido fiscal de la Corte Penal Internacional

Luis Moreno Ocampo fue uno de los fiscales cuya actuación junto a Julio César Strassera permitió condenar por violaciones a los derechos humanos a los represores de la dictadura cívico-militar de 1976. Aquel histórico rol le dio un prestigio internacional que lo catapultó, en 2003 , a ocupar el cargo de fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), que se encarga de llevar a juicio a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Hasta 2012 ejerció ese rol en la magistratura global.

Sin embargo, una investigación realizada por la red europea de periodismo EIC vinculada al caso Panama Papers pone en entredicho su integridad. La pesquisa, además de exponer que es propietario de cuentas off shore en paraísos fiscales, reveló que tuvo como cliente a Hassan Tatanaki, un magnate libio sospechado de haber colaborado con un criminal de guerra de ese país.

Como asesor de Tatanaki, Moreno Ocampo firmó un contrato de un millón de dólares por año. La gravedad de la denuncia apunta a que el ex fiscal utilizó su red de influencias en la Corte Penal Internacional para favorecer a su polémico cliente. Y con su accionar, habría puesto también en riesgo la confidencialidad y curso de las investigaciones del tribunal. En otras palabras, actuó en contra de los objetivos del tribunal que integró.

Moreno Ocampo conocía bien el conflicto libio. Durante su magistratura en la Corte hasta 2012, investigó los crímenes cometidos por Muammar Gadaffi contra su pueblo, sobre quien llegó a ordenar su captura internacional. Esa tarea se vio abortada en 2011, cuando Gadaffi murió asesinado en un linchamiento popular. Aquella muerte no puso fin a la guerra civil. En 2014, la coalición islamista “Amanecer Libio” tomó Trípoli, la capital, y gran parte del noreste del país. El gobierno oficial, apoyado por Estados Unidos, Rusia y Egipto, se exilió con el ejército hacia el este, en la ciudad de Tobruk.

Frente al baño de violencia que sumió al país, Tatanaki, un magnate libio dueño de la petrolera Challenger Limited y propietario de canales de TV, impulsó la iniciativa Justicia First (“Justicia Primero”) con el objetivo de “traer la paz a Libia”. En este contexto es que le ofrece un contrato millonario en 2015 a Moreno Ocampo, para que oficie como asesor. El ex fiscal ya estaba fuera de la Corte y había vuelto al mundo privado. Él mismo promocionó la iniciativa en la CNN, en mayo de 2015.

El empresario libio se mostró siempre como un filántropo. Desde la primera semana que estalló la crisis libia, creó la fundación “Libya El Hurra Charity” con el objetivo de suministrar ayuda humanitaria a los desplazados y refugiados de su país, y mujeres y niños vulnerables.

Como todo importante empresario, Tatanaki siempre mantuvo vínculos fluidos con hombres del poder. Como parte del plan de Justicia First, el petrolero se reunió con líderes tribales en conflicto con el gobierno libio. Pero sus intenciones no solo habrían sido pacificadoras. Pese a mostrarse como alguien apartidario, en paralelo mantenía una estrecha relación con el general Khalifah Haftar, el jefe del Ejército Nacional Libio, a quien llamaba “compañero”.

Seis días después del lanzamiento de Justicia First, el 12 de mayo de 2015, Fatou Bensouda, la sucesora de Ocampo en la Corte Internacional, informó al Consejo de Seguridad de la ONU su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de Haftar. Las denuncias revelaban la magnitud de la “Operación Dignidad”, una incursión militar encabezada por el general libio que atacó masivamente zonas urbanas. Con el pretexto de desarticular a los grupos extremistas, la avanzada dejó miles de muertos e implicó torturas. Hasta hubo videos que circularon por las redes sociales, en los que se dejaban en evidencia cómo las tropas del gobierno libio ejecutaba a sospechosos de terrorismo.

El mismo mes que se lanzaba la iniciativa filantrópica, en uno de los canales de Tatanaki un comandante de la fuerza aérea libia alertó en plena transmisión que asesinaría a cualquiera que no se uniera a la ofensiva militar. Y fue más allá: los traidores tendrían que ser sacrificados y sus mujeres violadas frente a ellos.

Ocampo logra descubrir esta información a partir de un asesor de cooperación internacional de la Corte Penal Internacional (el ex fiscal desmintió ese contacto).

Los vínculos de Tatanaki, a este punto, ya eran comprometedores. En privado y en público, estaba jugando a favor de una milicia acusada por crímenes de guerra y de incentivar el odio.

Conocida la información, el ex fiscal pudo haber denunciado a su cliente o roto su contrato en señal de protesta. Lejos de ello, decidió proteger a su cliente ante la Corte Internacional, según se desprende de los correos electrónicos filtrados y analizados por la red EIC.

En uno de los emails enviados a un asistente del empresario, Moreno Ocampo advierte sobre el beligerante contenido de la transmisión televisiva: “El comandante no debería decir eso. Tenemos que discutir como prevenir eso… el canal no debe promover eso… Necesitamos ahora una estrategia para aislar a Hassan (Tatanaki)”. Más tarde, en otro mensaje, el abogado argentino vuelve a escribir: “Sugiero desarrollar un plan comprensivo para asegurar que Hassan y las fuerzas que está apoyando no sean blanco de las acusaciones de la ICC (las siglas en inglés de la Corte Penal)”.

Ocampo se empieza a dar cuenta del plan de Tatanaki y los problemas de su proyecto pacificador. “Hassan está demasiado inclinado a un bando y no creo que él sea capaz de tener un enfoque más inclusivo. Es algo que me pone muy incómodo”, escribió Moreno Ocampo a un conocido estadounidense que lo asesora en el trabajo para su cliente libio. “Tiene muchos enemigos y (su cantidad) está creciendo. El problema es que es su política”.

Aunque en esos intercambios se ve dubitativo, nada hizo cancelar el contrato millonario con su cliente. “Él me dijo que estaba tratando de arreglar Libia”, se justificó Moreno Ocampo ante el diario alemán Der Spiegel. “Lo que estaba proponiendo no era algo solamente legal, era positivo”. También admitió que había advertido a su cliente de no cooperar con el general Haftar.

“Le dije al señor Tatanaki: “Mire, señor Tatanaki, el problema aquí es que cada parte comete crímenes. Mi consejo más grande a usted es: tenga cuidado de no ser implicado en el financiamiento de ningún crimen. Si le da dinero a Haftar y sabes lo que estaba haciendo, puedes ser acusado”, consideró Moreno Ocampo ante las consultas de la prensa alemana. Sobre el contrato, el ex fiscal dijo que solo obtuvo 750 mil dólares, ya que finalizó a los tres meses por decisión del magnate.

A través de sus abogados, Moreno Ocampo dijo que la relación con Tatanaki “no tenía conexión con el trabajo como fiscal en la Corte Penal Internacional” y que su labor fue “de acuerdo a sus obligaciones profesionales de promover el respeto a la ley”. Por su lado, la jefa de gabinete de Fatou Bensouda aseguró que su oficina “no buscó consejo, ni se comunicó ni colaboró de ninguna forma” con el ex fiscal.

El mes pasado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra uno de los comandantes de Haftar, Mahmoud al-Werfall, que está siendo buscado por múltiples asesinatos entre 2016 y 2017.

Los nexos del cliente con este bando del ejército libio compromete la trayectoria de Moreno Ocampo. Cuando fue elegido como fiscal de la CPI, lo designaron por ser una persona de “alto carácter moral” y no estar “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia”. Esos requerimientos se desprenden del Estatuto de Roma del tribunal internacional. Sus servicios a Tatanaki, junto a la denuncia de tener dinero depositado en paraísos fiscales, pone entre paréntesis sus cualidades.

www.infobae.com

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