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Tomas en las escuelas: ¿La justicia puede imputar a los padres de los chicos responsables?

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Los estudiantes de las escuelas secundarias porteñas se alzaron en contra de la reforma integral de la educación secundaria que encabeza el Gobierno Nacional. Actualmente 28 escuelas permanecen tomadas y la Justicia comenzó a intervenir en el asunto.

Se trata de una causa por usurpación que apunta a los jóvenes que mantienen tomados los colegios. Los padres de estos estudiantes podrían ser responsables penalmente por el hecho, según indicó el fiscal de la Ciudad, Carlos Fel Rolero Santurian.

La causa incluye a varias escuelas que se encuentran tomadas, aunque comenzó a partir de una denuncia de la rectora del colegio Belgrano. A partir de la judicialización del conflicto comenzó un sensible debate entre quienes están a favor y quienes están en contra de ese método de protesta y participación política de los jóvenes.

“Hay que dejar en claro dos cuestiones: el delito de usurpación tiene una pena de expectativa y las personas de 16 y 17 años son imputables. Y obviamente también puede originar una responsabilidad en los padres por el accionar de sus hijos”, explicó Rolero Santurian al periodista Luis Novaresio, en una entrevista realizada para radio La Red.

Por su parte, la Justicia también se encuentra divida al respecto. Cabe recordar que la semana pasada la jueza Elena Liberatori consideró que la toma de colegios representa una forma de ejercicio de los derechos constitucionales de los estudiantes. Lo hizo en respuesta a un amparo no vinculado a la causa en la que interviene el fiscal Rolero Santurian.

Jueza Elena Liberatori. Foto: Archivo Clarín

Por su parte, el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, consideró errado el criterio de la jueza Liberatori. “La toma de colegios es una ilegalidad, es algo que repudio”, opinó. También recordó que los estudiantes que protagonizan las tomas son “porcentaje mínimo” del total y los llamó a buscar otros “caminos de diálogo”.

“Incluso en colegios como el Nacional de Buenos Aires, quienes están comprometidos con la toma son una parte muy chica de los alumnos y perjudican a decenas de miles de compañeros que deberían estar estudiando”, consideró el ministro.

Germán Garavano, Ministro de Justicia de la Nación

Para destrabar el conflicto, a partir de esta semana comenzará una serie de ocho reuniones entre funcionarios del Ministerio de Educación porteño y estudiantes secundarios. De esta manera se espera llegar a una resolución no judicial, aunque el aunque un acuerdo podría estar lejos de alcanzarse mediante el camino del diálogo.

Los estudiantes quieren que se prorrogue la implementación de la medida aunque según explicó Andrea Bruzos, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del ministerio de Educación porteño, “esta implementación no se prorroga porque es muy gradual: en 2018 se aplicará en 17 escuelas y sólo afectará a alumnos de primer año. Las primeras prácticas educativas obligatorias de alumnos de quinto año recién serán en 2022”.

La reforma de la polémica

Si bien los conflictos con tomas de escuelas secundarias tienen su epicentro en la Capital Federal, la reforma educativa es un proyecto nacional en el cual están trabajando todos los ministerios provinciales.

Los 24 ministerios de Educación del país se encuentran trabajando en base a los lineamientos que presentó el Gobierno Nacional. Se espera que los mismos se discutan en Córdoba durante la próxima reunión del Consejo Federal de Educación.

La idea es que la reforma comience a aplicarse el próximo año de manera gradual y que para el inicio del ciclo lectivo 2019 las escuelas cuenten con un plan de implementación.

Entre las medidas propuestas se encuentra la criticada implementación de pasantías; la eliminación de los profesores “taxi”, mediante la designación de docentes con cargo y jornada completa en la misma escuela; la implementación de capacitaciones docentes por parte del Instituto de Formación Docente (INFoD); la reformulación del contenido curricular, sumando más materias prácticas; nuevas formas de evaluación y flexibilización de la repitencia.

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