La Justicia frenó la llegada de los parquímetros a los barrios porteños

La ampliación del estacionamiento medido a los barrios quedó paralizada al menos por los próximos tres meses, luego de que un juez porteño ordenara la suspensión de el proceso de licitación relacionado con el servicio de parquímetros y acarreos, al hacer lugar a un amparo que pide la nulidad de la ley que habilitó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a instalar más dispositivos.

Según publicó el diario La Nación, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23, Francisco Ferrer, dictó la cautelar el viernes pasado en un expediente impulsado por el legislador porteño Gustavo Vera y su asesor Gustavo Desplats. Los demandantes consideran “irregular” el procedimiento parlamentario con el que se votó la ley 5728 el 1º de diciembre pasado.

Ese día, los pliegos de concesión del servicio fueron aprobados con 33 votos a favor y 21 en contra. Sucedió luego de que la Ciudad diera de baja la licitación anterior por varias impugnaciones judiciales que la obstaculizaban desde 2013. Ahora enfrenta un nuevo revés.

Desplats sostiene que la norma debería anularse, dado que tendría que haber sido aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos). ¿Por qué? El artículo 82 de la Constitución porteña requiere esa cantidad de votos cuando se “aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de derecho sobre inmuebles” por más de 5 años, indicó.

Los demandantes también apuntan que los bienes que se entregan en concesión son los 10 predios públicos que alojarán a las futuras playas de acarreo. Y señalan, además, que dos de ellos figuran catalogados como “urbanización parque”.

Según los artículos 89 y 90 de la Constitución porteña, un cambio de ese tipo se debe aprobar en un proceso de doble lectura (en dos oportunidades) y audiencia pública de por medio.

El juez Ferrer admitió esta segunda objeción y, en consecuencia, frenó cautelarmente toda licitación y requirió que el gobierno porteño acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura. Estableció que, al menos durante tres meses, no se podrá avanzar con ningún proceso abierto.

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