Plan Qunita: un fiscal pidió que las cunas sean reparadas y distribuídas

La titular de la Fiscalía Nº3 ante los Tribunales Orales Federales, Gabriela Baigún, solicitó que se proceda al reacondicionamiento de las cunas y de los sacos de dormir que integran, entre otros elementos, el Kit Qunita. También requirió que, una vez acondicionados, sean distribuidos en barrios en situación de vulnerabilidad. Se trata de 27 mil kits del Plan Qunita que a la fecha se encuentran guardados en un depósito por el que el Ministerio de Salud de la Nación abona la suma de 770 mil pesos mensuales.

Además, la fiscal general pidió que sea el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Sociedad Argentina de Pediatría y/o la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires los encargados de controlar el reacondicionamiento. Asimismo requirió que los organismos especializados como UNICEF o Red Solidaria sean los encargados de asegurar el proceso de entrega en forma satisfactoria.

Hacia el final del escrito, la fiscal expresó: “Resulta también una inadmisible consecuencia del delito el hecho de que miles de familias pierdan la oportunidad de beneficiarse con las cunas y los sacos que conforman el kit. De no procederse al reparto de aquel material, se afectaría, de manera indubitable, a las personas que requieran de la asistencia del Estado para acceder a niveles mínimos de dignidad”.

La fiscal general además se expidió en relación al recupero de bienes en casos de corrupción y refirió que “una correcta administración de la justicia penal no puede circunscribirse a la imposición de penas de prisión, sino que también debe centrar sus esfuerzos en la recuperación de bienes, no sólo en virtud de la importancia que tiene la devolución de los activos para la sociedad, sino también en razón de que constituye una medida de política criminal idónea para la desarticulación de los mercados delictivos, puesto que, como es sabido, la circulación irrestricta de flujos de capitales posibilita la reproducción de este tipo de ilícitos (…) el fenómeno criminal debe ser abarcado de modo íntegro: el conflicto no se agota con la represión del delito, sino que debe atenderse también a su contenido económico y a la contención del perjuicio causado”.

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