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El juez Ercolini elevó a juicio oral la causa contra Ricardo Jaime por la compra de trenes a España y Portugal

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El Centro de Información Judicial publicó el fallo en el que se negó el sobreseimiento del ex secretario de Transporte del kirchnerismo. La medida también alcanzó a su testaferro Manuel Vázquez, a Ricardo Testuri y a Ignacio Soba Rojo

El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral la causa contra el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime por la compra de trenes sin utilidad a España y Portugal. El caso investiga los posibles delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho.

La medida también alcanza a su testaferro Manuel Vázquez, Ricardo Testuri, encargado de controlar el material rodante que se compró en Europa, e Ignacio Soba Rojo, un prestanombre que utilizaban Jaime y Vázquez para sus negocios.

El juez Ercolini resolvió: “No hacer lugar al sobreseimiento instado por el Dr. Marutian, respecto de su ahijado procesal Ricardo Raúl Jaime, y en consecuencia, clausurar la instrucción y elevar a juicio parcialmente la presente causa nro. 5406/13 respecto de Ricardo Raúl Jaime, de las condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso ideal con el delito de cohecho, ambos en calidad de autor”.

El caso

La operación de compra de trenes se pactó en algo más de 200 millones de euros. Se pagaron finalmente cerca de 100 millones. Y hubo coimas comprobadas por 2 millones de euros. Jaime autorizó por nota a que la empresa consultora de su testaferro Vázquez cobrara comisiones por intermediar en una operación entre Estados. Algo inusual. En esa carta dirigida a la empresa estatal española que vendió los trenes, Jaime decía que el costo de las comisiones-coimas lo iba a pagar la Argentina.

Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171%, no se controló lo que adquirieron, y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento y está arrumbado en depósitos ferroviarios.

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El juez Julián Ercolini

La acusación

En el documento firmado hoy, Ercolini detalló la acusación que cae sobre el ex secretario de Transporte: “A Ricardo Raúl Jaime se le imputa el haber intervenido mancomunadamente con distintas personas, en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2009, en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte, realizando una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del estado nacional cuya administración le fuera confiada, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial.

En la calidad invocada, celebró los acuerdos contratos y adendas, entre el Estado nacional y las empresas españolas y la portuguesa antes citada, logrando de ese modo -previo amparo en la situación generada por el estado de emergencia ferroviaria decretada por el Poder ejecutivo Nacional-, la adquisición por parte del Estado nacional de material rodante cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario. Fue secretario de la ST, y violando las obligaciones del buen administrador, dado que tenía a su cargo la función y obligación de evaluar, merituar y aprobar los montos de la adquisición, encaminó su conducta a realizar la compra del material en muchos casos incompatible con la red de vías y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del plan referido, basado en el estado de emergencia anteriormente señalado.

(…)

Se le imputó también haber recibido personalmente o por personas interpuestas sumas de dinero o promesas de ello, en virtud de las cuales encaminó -con conocimiento previo de la imposibilidad de concretar los fines declarados en los planes- todo el proceso de adquisición de material rodante de la manera en que lo hizo, ocasionando de esta forma en desmedro del estado, el perjuicio patrimonial descripto, para ello se valió de la participación de la empresa CAESA en todo el proceso de adquisición del material rodante, empresa que cumplió un rol innecesario en términos de contrataciones estatales, pero fundamental para la maniobra ilícita. Para ello, actuó como representante de la ST y fue designado para colaborar en todo lo necesario para el desarrollo,instrumentación e implementación de los proyectos entre los países participantes.

El accionar descripto generó la disposición de las sumas de dinero antes indicadas en claro perjuicio económico a la administración pública, toda vez que las compras realizadas fueron en su mayoría, inidóneas para satisfacer la necesidad de remodernizar la flota férrea argentina, al extremo que muchas de ellas siquiera pudieron ser utilizadas como repuestos o material de desguace útil, todo ello teniendo en cuenta el estrecho vínculo que posee con Manuel Vázquez, persona de su confianza, que cumplía funciones como asesor de gabinete de la ST ad honorem, lo que permite sostener que obtuvo beneficios económicos ilícitos a partir de las gestiones realizadas”.

En abril de 2016, Ercolini había dictado la prisión preventiva para Jaime y Vázquez y les dictó un embargo de 100 millones de pesos.

http://www.infobae.com

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