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La tragedia en el recital del Indio: las nuevas víctimas de la cultura del rock (parte uno, la productora y el municipio)

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Una vez más un recital de rock nacional termina en tragedia y como, siempre, las culpas van vienen pero ¿A dónde apuntar para que esto deje de ocurrir?
Los músicos, la productora, el municipio y la Policía se encuentran en el centro de una escena trágica: dos muertos, decenas de heridos y un concierto de rock rock que no fue.

Los números que manejaba la productora hubiesen podido adelantar la posibilidad de que algo, cualquier cosa, salga mal.

El concierto de Solari se realizó en la localidad bonaerense de Olavarría, que cuenta con 111.320 habitantes. En el Predio Rural La Colmena, de 15,5 hectáreas, se aglomeraron 400.000 personas cuando estaba habilitado para la mitad. Cerca de 100 mil entraron sin ticket.

Aquí surgen dos primeras preguntas, cómo es que la productora permitió que ingresen el doble de personas de las permitidas. Y por qué el municipio permitió que se realice un evento que iba a convocar a tanta gente en una localidad tan chica.

Este no es un dato menor, aquí una primera responsabilidad le cabe al intendente de Olavarría , Ezequiel Galli (Cambiemos). Estamos hablando de un número casi cuatro veces mayor al número de habitantes locales, por ende, se entiende que el municipio no cuenta con el nivel de infraestructura y recursos para manejar un evento de esa magnitud, desde la cantidad de hospitales hasta bomberos y policías.

Claro que no resulta novedoso que las productoras “coimean” a funcionarios públicos para que autoricen este tipo de eventos. El objetivo de estas empresas es reducir costos, por lo tanto, buscan lugares cercanos a la Capital y baratos. ¿Fue este el caso? Probablemente Olavarría ofrecía una buena opción, aunque no estuviese preparado para albergar a 400 mil personas.

Por otro lado, se pudo constatar que no habían sido dispuestos los corredores sanitarios con vallas para contener a la multitud, esto facilitó las avalanchas y empujones. También dificultó el acceso de policías, médicos y cualquier otro tipo de ayuda.

La productora también ahorro en seguridad: de los 5000 policías que debieron haber solicitado, en el predio se encontraban menos de la mitad. Además, la sobreventa de entradas también suele realizarse por estas empresas, para obtener más ingresos por encima de lo permitido. Después, es fácil aducir que se trató de “colados”.

Como se puede apreciar, a simple vistan saltan errores por todos lados. Los mayores: la productora En Vivo SA, que pagó 300 mil pesos en dos cuotas por el uso del predio. La empresa no controló el ingreso de personas, probablemente fue responsable por la sobreventa y no garantizó las medidas de seguridad mínimas (mínimas, no necesarias).

El caso del intendente es aún más complicado y resta esperar al avance de la investigación judicial. Galli no sólo está acusado de haber permitido la realización del evento sin contar con los recursos suficientes, sino de haber destinado fondos municipales para acondicionar el predio y haber sido garante de la productora.

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