Inicio Tapa Correogate: ¿Por qué Macri se pone palos en la rueda?

Correogate: ¿Por qué Macri se pone palos en la rueda?

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La noticia explotó a finales de la semana pasada: el Gobierno Nacional había aceptado condonar una deuda de 70 mil millones de pesos a una empresa del padre del presidente. En tiempos complicados Macri se abre a sí mismo nuevos focos de conflicto.

El Estado y el Grupo Macri llevaban quince años en disputa judicial por una deuda de más de los 290 millones de pesos. ¿De dónde salió esa deuda? Data de los años menemistas, cuando privatizaron el Correo Argentina y el grupo empresario de la familia del actual Presidente recibó la adjudicación. Sin embargo, por años no pagó el canon correspondiente, bajo el pretexto de que tenían prohibido aumentar las tarifas.

En 2001 entró en un concurso preventivo para evitar la quiebra. Es decir, se presume la insolvencia y buena fe por parte del deudor y se apunta a que pueda renegociar las deudas contraídas con sus acreedores en un plazo determinado. Al mismo tiempo, el Grupo inició los juicios al Estado.

La oferta de los Macri había sido pagar el 100 por ciento de la deuda a valor nominal: unos trescientos millones de pesos, cuando el Estado reclamaba esa suma en dólares (por la convertivilidad); y unos intereses del 7% anual sobre los saldos pendientes al año siguiente del pago de la última cuota. El objetivo era ir bajando la tasa de interés entre la inflación y la devaluación.

De acuerdo a la Ley 24.522 de Concurso de Quiebras, no hay un piso de oferta de pago para las empresas que entren en concurso preventivo. La norma anterior establecía uno del 40% para no considerarse abusivo. Sin embargo, a partir de 1995 es competencia del juez decidir la validez del pago posible.

La disputa se extendió hasta la actualidad. A principios de 2017, quince días antes de la audiencia en donde se acordó el pago, el Correo Argentino presentó una demanda contra el Estado ante el fuero Contencioso por daños y perjuicios ocasionados por falta de pago en diversas instancias.

Ante el hecho, la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, emitió un dictamen contra el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado. Asimismo, calificó la oferta del Grupo Macri como “abusiva” y “contraria a la buena fe” procesal.

También recordó que el acuerdo en cuestión “implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”.

De acuerdo a la fiscal, con esa demanda la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”.

Y agrega que la acción del Correo “convierte aun en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.

Hoy, a casi una semana de desatado el escándalo, Macri decidió arrancar el año electoral con un evento que no sólo daña su imagen positiva, sino que pone en la vereda de enfrente a los posibles aliados y a los opositores más moderados.

Aquí se abre una instancia de conflicto político. Con este punto de acuerdo, los diputados del Frente Renovador, el bloque Justicialista y los Progresistas citaron para la semana próxima al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; al empresario Franco Macri; al procurador del Tesoro, Carlos Balbín y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

También se suman complicaciones ante la Justicia, ya que el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer a Macri y a Aguad por el hecho. Sin establecer los cargos, afirmó que es necesario que se abra una investigación porque “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.

Así, el primer mandatario arrancó el año electoral con un escándalo que lo pone contra la pared en el frente político y en el judicial. Y cabe destacar que el conflicto estalló en la misma semana en la que fueron anunciadas las subas de los peajes, subtes y de la luz (posiblemente), durante los últimos meses.

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