Amnistía denuncia dura respuesta de fuerzas públicas contra protestas

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En su informe 2014/15 destacó que «la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas estatales represivas» Estas protestas en México, Venezuela y Brasil, se produjeron «en un contexto de erosión del espacio democrático y de una persistente criminalización de la disidencia», con una respuesta «cada vez más militarizada» por parte del Estado.

Amnistía Internacional denunció el miércoles el alto nivel de impunidad y el creciente uso de la militarización en América Latina en el 2014, un año en el que recrudecieron las protestas antigubernamentales y el uso de la fuerza pública para reprimirlas en países como México y Venezuela.

En su informe 2014/15 sobre derechos humanos, destacó que «en un país tras otro, la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas estatales represivas».

«Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos», agregó.

Estas protestas, especialmente en México, Venezuela y Brasil, se produjeron «en un contexto de erosión del espacio democrático y de una persistente criminalización de la disidencia», con una respuesta «cada vez más militarizada» por parte del Estado a las demandas sociales y políticas, dijo AI.

La situación en México fue considerada la más alarmante, con gran preocupación por la impunidad y los numerosos casos de tortura.

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«Según datos oficiales, más de 22,000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero», detalló el informe.

En lo referente a Venezuela, AI criticó el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado para acallar las protestas populares, que dejaron al menos 43 muertos y 870 heridos en el 2014 en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

También denunció el aumento de las detenciones y reclusiones arbitrarias en el país petrolero sudamericano, así como las «injerencias gubernamentales» en el sistema judicial, destacando los casos del líder opositor Leopoldo López, «recluido a pesar de la falta de pruebas», y del alcalde de la ciudad occidental de San Cristóbal, Daniel Ceballos, cuya liberación exigió un Grupo de Trabajo de la ONU.

 

eleconomista.com.mx

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