Imputan a Schiavi y a empresarios por el manejo de subsidios

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La Justicia cree que hubo irregularidades en el pago de ayudas del Estado a más de 20 compañías. La causa involucra al exsecretario de Transporte.

 

Por Agencia DyN

Buenos Aires. Exfuncionarios y propietarios de empresas de transporte de pasajeros fueron imputados por supuestas irregularidades en el manejo y cobro de subsidios nacionales.

La medida, tomada por el fiscal federal Ramiro González, recayó sobre el exsecretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi y el extitular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sidícaro.

También alcanzó a los titulares de 22 empresas de transporte, todas beneficiadas con fondos públicos aportados a través del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido. La cifra que da vueltas en torno a las operaciones es de 20 mil millones de pesos.

Entre los empresarios imputados figuran los responsables de las firmas Transportes Atlántida; Almirante Guillermo Brown SRL; Micro Ómnibus Norte SA; Automotor Plaza; y consultores Asociados Ecotrans SA.

También los encargados de La Nueva Metropol SA; San Vicente SA; Dota; Transportes La Perlita; La Cabaña, Rosario Bus SA y Automotores Riachuelo.

La operación

Las supuestas irregularidades que investiga la Justicia consistían en que, aparentemente, los colectivos recorrían menos kilómetros que los declarados a la CNRT a la hora de realizar el trámite solicitando los subsidios nacionales.

En rigor, no es la primera vez que surgen sospechas sobre la manera en la que se cobran las ayudas. En esta ocasión, buena parte de los datos surgieron de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), documento en el que el fiscal González basó su imputación.

Además, para el fiscal, “la Secretaría de Transporte no ha definido un criterio específico para solicitar la documentación adicional con el propósito de validar los parámetros que determinan los coeficientes de distribución” de los subsidios.

La denuncia había sido realizada en marzo pasado por el abogado Ricardo Monner Sans y quedó radicada ante el juzgado federal Nº 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

“En el aludido informe se detectaron severas deficiencias en el control de los subsidios otorgados entre enero de 2010 y diciembre de 2011, del orden de los 20 mil millones de pesos”, indica la denuncia.

Y agrega: “No hay criterios para la entrega de subsidios ni se despliegan ulteriores controles sobre las empresas beneficiadas por los subsidios”.

 

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