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Unos 580 testigos declararán en el juicio por la represión de diciembre de 2001

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El próximo 24 de febrero se iniciará, luego de 12 años, el juicio para determinar responsabilidades políticas y operativas por la sangrienta represión del 20 de diciembre del 2001 que dejó, entre la Plaza de Mayo y el Congreso, cinco muertos y centenares de heridos y detenidos en el marco del Estado de Sitio.

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Unos 580 testigos declararán ante el Tribunal Oral Federal n°6 (TOF6) en el marco de un juicio oral y público por los graves sucesos que derivaron en la caí­da del gobierno de Fernando De la Rúa, Presidente de la Nación entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre del 2001.

Pese a estar imputado, el ex presidente resultó sobreseí­do ya que la Cámara Federal de Casación, consideró “legí­timo” y de acuerdo a la Constitución Nacional la declaración de estado de sitio -el dramático 19 de diciembre- por parte de De la Rúa.

Aparte de ese sobreseímiento puntual, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov e integrantes de la plana mayor de la Policí­a Federal, a cuyo frente estaba entonces el comisario Rubén Santos.

“El sobreseimiento de De la Rúa y la imputación a los acusados por homicidio culposo son dos caras de una misma posición que desresponzabiliza al aparato estatal”
Correpi “Si Ramón Mestre (entonces ministro del Interior y jefe de Mathov) no hubiera fallecido también tendría que rendir cuentas”, coinciden en resaltar las querellas que, por otro lado, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que revea el sobreseimiento de De la Rúa.

El proceso judicial está circunscripto a lo ocurrido el 20 de diciembre en torno a la Plaza de Mayo y el Congreso, calles adyacentes y en cercanías del Obelisco, donde se produjeron algunos de los ataques policiales más cruentos, como el caso de Alberto Márquez.

“Se trata del caso más emblemático de la protesta social y como respuesta, la violencia extrema de la policía en un marco de excepción por el estado de sitio el que, dicho sea de paso, está discutido. Es un caso único y, para nosotros, sólido, así­ que
tenemos muchas expectativas en alcanzar justicia para las victimas”, dijo a Télam Maximiliano Medina, integrante del equipo jurí­dico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas.

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Se espera que el debate dure bastante más de un año -algunas fuentes estiman que puede llegar a dos- teniendo en cuenta que habrá dos audiencias semanales durante las que declararán los casi 600 testigos ante el tribunal integrado por José Martí­nez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu.

En tanto, para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quienes el 20 de diciembre del 2001 perdieron a Carlos “Petete” Almirón, de 24 años, el escenario del juicio “garantizará la impunidad”, entre otros motivos porque el “principal responsable”, De la Rúa, “fue premiado con un sobreseimiento”.

Ese hecho, sostienen, abona la tesis de que la sangrienta reacción policial fue “un desborde” de los uniformados mal manejado por “negligentes e imperitos funcionarios”: Mestre, Mathov y la cúpula policial integrada por Santos y los comisarios.

“El sobreseimiento de De la Rúa y la imputación a los acusados que van a juicio por homicidio culposo (es decir, sin intención, por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia) son dos caras de una misma posición que desresponzabiliza al aparato estatal y explica los hechos como `conductas erróneas` de individuos que `no hicieron lo que debí­an hacer`”, aseguró un vocero de la Correpi en declaraciones a Télam.

Conceden que la causa “es un caso único en el paí­s porque se pudo avanzar hacia las responsabilidades polí­ticas de la represión” pero, subrayan, los funcionarios implicados no son enjuiciados por represores sino por “ineptos y descuidados”, con la misma imputación que se aplica al conductor ebrio que atropella y mata a una persona.
telam.com

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