Era jefe de la División Asuntos Jurídicos. Lo acusan de brindar respaldo legal a agentes que no debían tenerlo, arreglar expedientes con jueces y derivar casos a estudios con los que estaba ligado.

El expediente acaba de entrar en “secreto de sumario” pero, por lo que trascendió de él ayer, promete escándalos varios dentro de la Policía Federal y tal vez también en el Palacio de Tribunales: el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla está investigando una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que apunta a manejos corruptos (de los más variados) en la División Asuntos Jurídicos de la Federal.

El principal imputado es el comisario Marcelo Emilio Pecorelli, un abogado de la Policía que en 2011 fue nombrado como sub director de esa área. Con la denuncia fue puesto en disponibilidad, pero luego fue reincorporado, primero en el área de Bienestar y hoy está en actividad en Inteligencia.

“Pecorelli está hace años en la Policía y llegó a ser hombre de extrema confianza de la anterior cúpula de la Federal. De la disponibilidad lo rescató el secretario de Seguridad, Sergio Berni”, aseguró a Clarín un vocero. Y remarcó que éste es un capítulo más de la interna que enfrenta al funcionario con la ministra Nilda Garré.

Según difundió ayer la agencia DyN, a Pecorelli se lo acusa de los delitos de “exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público”. En la denuncia figura su intervención en casos resonantes como Cromañón, la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y “la causa donde murieron ‘Kiki’ Lezcano y Esteban Blanco, abatidos por un policía federal, cuyos cuerpos aparecieron meses más tarde enterrados como NN”, explicaron fuentes judiciales.

La hipótesis sobre la que está trabajando el juez Ramos Padilla es que, con Pecorelli a la cabeza, en la División Asuntos Jurídicos de la Federal funcionó una organización dedicada a manejar los juicios contra agentes de esa fuerza de seguridad, previa aceptación de dinero en forma irregular.

La denuncia podría resumirse en cinco puntos clave: 1. La ley para el “Personal de la Policía Federal” establece que la Fuerza puede brindar asistencia jurídica a policías en actividad o retirados cuando las acusaciones en su contra sean iniciadas
como consecuencia de actos realizados en servicio
. Más allá de lo difuso y controversial que es esto, lo que se investiga aquí es si, previo pago de coimas, Pecorelli hacía encuadrar como “viables” casos de corrupción y brutalidad para así
dar cobertura legal a efectivos a los que no les correspondía
.

2. En la denuncia se señala que Pecorelli –quien además de policía es abogado– “derivaba
a su estudio jurídico particular
todas las causas que no encuadrarían en aquellas que podían ser patrocinadas por la División Asuntos Jurídicos”. “Se lo acusa de haber ejercido la profesión de abogado involucrándose en causas penales cuando
ello está prohibido por ser incompatible con sus funciones policiales
”, dijeron fuentes judiciales a
DyN
. Para esto también usaba estudios de abogados “satélites”.

3. “Se denunciaron también supuestos actos de
connivencia con jueces para obtener sentencias favorables
”, dijeron las fuentes y por eso, rodeando este caso, se habla de un complot judicial.

4. A Pecorelli también se lo denunció por
pedir dinero a diversos estudios jurídicos
para acelerar las causas por reclamos salariales que tramitaban en la División Asuntos Jurídicos, en los que la Policía Federal era parte demandada.

5. Para completar el panorama se sostiene que el comisario hasta usaba personal de su división para que trabajaran en su estudio particular.

Fuente: Clarín