El Gobierno recurrirá a la Corte por el conflicto en el Consejo de la Magistratura

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Lo anunció el ministro de Justicia, Julio Alak. «Pedimos que el máximo tribunal se avoque a resolver estas irregularidades», dijo. Se pedirá además «la nulidad del mecanismo para designar jueces subrogantes». También se hizo una presentación penal ante la Procuración

El gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia realizó dos presentaciones, una ante la Corte Suprema de Justicia y otra penal en la Procuración General, para que se investigue al Consejo de la Magistratura por “los bloqueos de jueces naturales para cubrir puestos en la Cámara Civil y Comercial», en el contexto del tratamiento de la Ley de Medios, entre otras causas.

En conferencia de prensa, el ministro Julio Alak apuntó contra “los consejeros de la oposición” por esta “maniobra” y afirmó que el Ejecutivo recurrió al máximo tribunal para «que se avoque a analizar y resolver estas irregularidades» por parte de un grupo de integrantes de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura no pudo sesionar para designar entre otros jueces, al nuevo magistrado del juzgado número 1 que debe fallar sobre la inconstitucionalidad solicitada por el Grupo Clarín al artículo 161, que obliga a la desinversión cuando se superó las licencias permitidas por la Ley de Medios.

Además, Alak consignó que el Ejecutivo solicitará también al Máximo Tribunal «la nulidad del mecanismo utilizado por la Cámara en lo Civil y Comercial para designar a jueces subrogantes en los juzgados vacantes mediante sucesivas acordadas sin fundamento y a veces incluso contradictorias entre sí».

Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que «el Gobierno hubiese preferido no tener que hacer estas presentaciones» pero remarcó que «a las instituciones hay que protegerlas» y, para eso, «es mejor anticiparse a los hechos».

Además de la presentación ante el Máximo Tribunal de Justicia, el Gobierno realizó una presentación penal ante la Procuración General de la Nación, según señaló el ministro Alak.

Según explicó el ministro, el Ejecutivo busca que «la Procuración analice desde el punto de vista penal si el bloqueo de los representantes de la oposición y del juez Recondo genera un mecanismo de no aplicación de la ley vigente para cumplir con los juzgados vacantes».
infobae.com

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