Entre Ríos: Urribarri quiere cobrar una “retencion provincial” a la soja para paliar la crisis

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El gobernador de Entre Ríos, que también tuvo que desdoblar el pago de sueldos, pretende crear un nuevo impuesto para los “pooles” de siembra de hasta un 6% del valor bruto de la cosecha. Se trata en los hechos de una retención provincial que se suma a la que recauda Nación. Daniel Scioli también empuja la idea para afrontar su crisis fiscal. Por ahora la oposición frenó la iniciativa.
La crisis fiscal que sufren las provincias no discrimina entre kirchneristas y opositores. Si bien el bonaerense Daniel Scioli concentra todas las miradas, lo cierto es que ultra kirchneristas como el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que ayer bailó el carnaval con Cristina en Tecnópolis, también tuvo que desdoblar el pago de sueldos.

Y en un juego de espejos, Urribarri viene anticipando las estrategias financieras de la provincia de Buenos Aires: fue el primero en desdoblar el pago de salarios, el primero en aprobar un tremendo reajuste del inmobiliario rural y ahora hace punta con otra iniciativa que seduce a Scioli: la creación de una suerte de retención provincial, disfrazada de tributo a los “pooles” de siembra.

Esta iniciativa sim embargo por ahora no logra pasar el filtro legislativo, gracias al rechazo de los bloques opositores. El proyecto pretende aplicar una alícuota de hasta un 6% del valor bruto de la producción agrícola.

“En comisión se decidió no tratar el proyecto durante el presente período legislativo y el bloque radical se opone al tratamiento del mismo”, señaló a LPO Agustín Federik, jefe de bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El proyecto dispone que “por la utilización de tierras cultivables ubicadas en la provincia de Entre Ríos destinadas al cultivo de cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos se abonará un derecho de uso de tierras cultivables”.

Ese “derecho de uso” se determinará –según dice el proyecto– aplicando una “alícuota de hasta el 6% sobre el valor total de los granos obtenidos”, aunque se aclara que “la reglamentación podrá establecer alícuotas diferenciales según el tipo de cultivo y/o el grado de degradación del suelo en función de la ubicación de la parcela explotada, no pudiendo resultar en ningún caso inferior al 3%”. Es decir, el máximo tributo lo pagaría la soja, que al rondar los u$s 600 la tonelada avivó la voracidad fiscal.

El proyecto agrega que estarán exentos del pago del “derecho de uso de tierras” las personas o empresas que “se encuentren radicadas en Entre Ríos”; que “acrediten la compra o contratación de, como mínimo, el 80% de los insumos, servicios agrícolas y de transporte de granos a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos”.

Pero el proyecto indica que para obtener la exención también será indispensable desarrollar “prácticas de manejo y conservación del suelo definidas por la autoridad de aplicación (provincial) en la totalidad de las tierras cultivables sujetas a explotación, en los plazos y condiciones que la reglamentación establezca, pudiendo la misma diferenciar entre categorías de productores”.

Este último criterio, al tratarse de un concepto subjetivo, podría dar vía libre al gobierno provincial para aplicar como mejor le parezca el castigo fiscal.

Rebelión fiscal

Como sea, en los últimos días la Agencia de Recaudación de la provincia de Entre Ríos (ARER) comenzó a enviar a los propietarios de campos las boletas con los nuevos aumentos que estableció la Legislatura entrerriana para el Impuesto Inmobiliario Rural.

Muchos productores, al ver las boletas que llegaron a su domicilio con el monto a pagar por dicho tributo, comenzaron recién ahora a comprender la magnitud del impuestazo aplicado en el mes de mayo en una sesión relámpago realizada a la madrugada.

Para tener una idea, según datos a los que pudo acceder La Política Online, en 2011 el Gobierno provincial recaudó unos $ 230 millones, mientras que este año, a partir del incremento de ese impuesto, prevé recaudar alrededor de 660 millones.

Al respecto, Alfredo Bel, dirigente de la Federación Agraria (FAA) de Entre Ríos, comentó a este medio que “hace mucho tiempo que no veía tanto malestar y tanta bronca de los productores agropecuarios por un aumento impositivo”.

“Hubo aumentos de todo tipo: hay productores que recibieron subas de hasta un 600%, mientras que para otros el aumento fue de entre un 100% y un 300%”, indicó Bel, y agregó que “recibimos miles de quejas todos los días por este tema”.

El segundo de Alfredo de Angeli en la FAA entrerriana advirtió además que “hasta ahora las boletas que fueron llegando se pagaron bajo protesto; pero muchos están planteando la posibilidad de no pagar las que vendrán en lo que queda del año”.

De esta manera, muchos productores de la provincia están reclamando a los dirigentes comenzar a implementar una suerte de “rebelión fiscal” (que consistiría en no convalidar el último aumento) en protesta contra el aumento del inmobiliario rural.

Esto porque la suba del tributo provincial trae aparejados notables aumentos en otros impuestos nacionales como Ganancias y/o Renta Mínima Presunta que, si bien todavía no fueron pagados, generarán otro dolor de cabeza a los productores.

A modo de ejemplo, según dijeron fuentes del sector a LPO, un productor propietario de un campo de 70 hectáreas localizadas en la zona de Victoria, que antes no tributaba Bienes Personales, ahora deberá pagar unos $ 30.000 por año.

Otro que tiene 90 hectáreas en Gualeguaychú, que antes pagaba $ 1500, ahora deberá desembolsar $ 25.000. En tanto, otro caso de 50 hectáreas en Colón, que no tributaba Bienes Personales, ahora deberá pagar $ 10.000.

“Es cierto que se trató de un aumento constitucional aprobado en la Legislatura; pero hay que entender que no todos pueden pagar estos aumentos”, señaló Flavio Izaguirre, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER).
lapoliticaonline.com

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