Imputan a la hija de Bonafini

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Alejandra Bonafini, la hija de la presidenta de Madres de Plaza, quedó acusada hoy de ser «miembro» de una asociación ilícita, en el marco de la causa de presunto desvío de fondos de esa entidad, pero continuará en libertad.

Alejandra Bonafini, quien está sospechada de comprar un departamento con fondos de Meldorek -la empresa que se atribuye a Sergio Schoklender y Alejandro Gotkin- negó los cargos en su contra ante el juez federal Norberto Oyarbide y aseguró que podía justificar la adquisición de la vivienda.

No obstante, el juez le imputó la figura de supuesto «miembro de una asociación ilícita», dijeron los voceros.

Antes de ingresar a media mañana al juzgado, la mujer fue abordada por los periodistas en las puertas de la sede judicial de avenida Comodoro Py 2002 y declaró: «Ustedes inventaron todo lo que tenían para inventar. Ahora yo voy a decir mi verdad al juez».

También se acercó hasta un micro bus de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que acababa de arribar al lugar con una decena de mujeres vistiendo el típico pañuelo blanco en sus cabezas, entre las que no estaba su madre ausente con aviso por una afección de asma, y recibió saludos entre gritos de: «¡Fuerza, fuerza!».

A primera hora de la tarde, Pastor Bonafini seguía declarando en la tercera planta de los tribunales federales, asistida por el abogado defensor Omar Dib, que anteriormente actuó en algunos juicios a represores de la dictadura como asistente letrado de las querellas.

Antes de esta audiencia, la hija de Pastor de Bonafini había presentado un escrito de descargo al juez en el cual aseguró que ella “desconfiaba profundamente” de Sergio Schoklender por “sus manejos” cuando él era apoderado de la Fundación y sostuvo que desde 2005 la relación entre ambos “era de franco enfrentamiento”.

“Independientemente de la relación de cercanía que Sergio Schoklender mantenía en su momento con mi madre, lo cierto es que nunca tuve relación de cercanía con él”, agregó y aseguró que “nunca” tuvo un cargo en la Fundación y dijo que “desconocía qué se hacía dentro” de la misma.

Sin embargo, Sergio Schoklender declaró ayer en su indagatoria que «Alejandara Pastor Bonafini era quien gestionaba» los subsidios para la Fundación porque era funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Daniel Scioli y que allí podrían haber existido «la única irregularidad».

También aseveró que ella, a la vez, estaba contratada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y empleada de la Fundación por orden de su madre con «un sueldo alto».

Esta mañana, más temprano, Oyarbide confirmó que Sergio Schoklender «cargó responsabilidad» sobre la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y negó haber desviado dinero público destinado a la construcción de viviendas sociales.

«(Ayer) Estuvo cinco horas declarando, en declaración indagatoria. Refutó en primer término todos los argumentos dados por mí, al rechazarle el pedido de excarcelación. Y vertió sus argumentos, que está en su más perfecto derecho de hacerlo», narró el juez.

En declaraciones en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta, Oyarbide también reveló que Schoklender «en distintos momentos de la declaración, resaltó el orgullo de toda la obra que había realizado (en la Misión Sueños Compartidos), no admitió haber cometido ningún desvío de dinero y cargó responsabilidad sobre la señora Hebe de Bonafini».

Al respecto ayer se supo que el mayor de los Schoklender dijo que las cuentas bancarias de la Fundación eran manejadas por las direcciones contable y financiera, que implementaban las políticas a seguir, y «las eventuales órdenes o requerimientos desmedidos de Bonafini, las Madres, sus hijas y sus acólitos».

También señaló que tenía conocimiento solo de las cuentas que en el exterior tenían Hebe de Bonafini y Mercedes Meronio, presidente y vice de la Fundación, quienes públicamente dijeron que allí recibían donaciones.

A Sergio Schoklender se le imputa haber desviado unos 280 millones de pesos a través de cuatro cuentas bancarias de la Fundación, de cheques y dinero en efectivo a través de empresas como Antártica Argentina y Meldorek, y de otras posibles irregularidades como falsear balances y facturas, construir viviendas con materiales de la Fundación y no pagar las cargas sociales de los empleados.

Está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, mientras que su hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin están sindicados de ser los organizadores. Los tres están detenidos en la cárcel de Ezeiza.
lapoliticaonline.com

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