Ley de Medios: el Gobierno desconfía de Lorenzetti

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La Corte suprema deberá volver a fallar sobre el artículo 161 que prevé la venta de medios de comunicación por parte de los grandes grupos. Sin embargo, en el Gobierno son pesimistas ya que el análisis del mapa político arroja que la mayoría de los ministros del Tribunal no le dará curso a la queja que presentará el oficialismo por el freno a la normativa. El presidente del Cuerpo, el principal apuntado.

Luego de que la pelea entre el Gobierno y las empresas dueñas de medios de comunicación volviera a escena con el pedido del titular del AFSCA y candidato a vicegobernador, Gabriel Mariotto, al juez Edmundo Carbone que apure la definición sobre el artículo 161 de la Ley de Medios, en el oficialismo analizan los pasos que podría seguir la Corte Suprema.

Es que, a pesar de que el Tribunal nunca falló totalmente en contra de los intereses oficiales sobre el tema, en el Gobierno desconfían del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, que podría arrastrar a los demás miembros a dictaminar a favor del grupo Clarín.

El artículo antes mencionado es esencial para las pretensiones del Gobierno de “desmonopolizar” los medios de comunicación ya que obliga a los grupos a vender las empresas que exceden el límite que marca la ley 26.522. Dicha normativa está frenada por una medida cautelar dictado por Carbone en 2009 a instancias de Clarín, que pidió que se la declare inconstitucional. Al mismo tiempo, el grupo inició un juicio contra el Estado.

Después de recusaciones varias, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de Carbone y además, en octubre del año pasado, la Corte, volvió a ratificar la medida aunque con un detalle: señaló que la medida cautelar debe mantenerse en “un plazo razonable”, lo que despertó ciertas esperanzas en el kirchnerismo.

Sin embargo, la Cámara fijo que ese plazo vence en octubre de 2013 y por eso el Gobierno presentará esta semana un recurso de queja ante la Corte

Y es allí donde entran a jugar las especulaciones del Gobierno acerca de la decisión que podría tomar la Corte, donde, según la mirada del oficialismo, el que toma la iniciativa es el propio Lorenzetti.

Según pudo saber LPO, en el Gobierno desconfían del titular de la Corte por su buena relación con el Grupo Clarín en particular y con los medios de comunicación en general.

“Siempre le gusta salir en los medios, estar. Por eso armó la agencia de noticias de la Corte (por el CIJ). No va a ir en contra de ellos”, alzó la voz una fuente del oficialismo.

Con Lorenzetti cerrarían filas también Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, a quienes, según cuentan fuentes judiciales, el presidente le asignó en los últimos tiempos más recursos económicos y más “funciones especiales”.

A ellos, hay que sumarle a Juan Carlos Maqueda, que cerró acuerdos políticos con José Manuel de la Sota, algo que, por el momento lo aleja del kirchnerismo. Según cuentan apesadumbrados en el oficialismo, tampoco el Gobierno puede contar en esta oportunidad con Carlos Fayt, un ministro que históricamente estuvo a favor de los medios y que basó parte de su carrera en defensa de la liberta de prensa.

Por eso, el Gobierno sólo sumaría a Raúl Zaffaroni –defendido por buena parte del kirchnerismo en el escándalo por los prostíbulos que funcionarían en departamentos de su propiedad- y a Enrique Petracchi, ministro de estirpe peronista y que nunca se llevó bien con los grandes medios.

De todos modos, ambos firmaron la resolución de octubre que dejó en el Gobierno más sinsabores que alegría y aún con el apoyo de estos últimos, el oficialismo estaría en minoría. La carta que se juega el Gobierno es que el rotundo triunfo que consiguió Cristina Kirchner sirva como una forma de presión disimulada aunque varios analistas judiciales aseguran que el Máximo Tribunal seguirá actuando con independencia en el tema.
Fuente: lapoliticaonline.com

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