El mapa de los prostíbulos, quioscos de drogas y talleres clandestinos en Liniers

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En un detallado documento de 160 carillas, señalaron las direcciones de distintas actividades ilegales. Acusaron de connivencia a la Comisaría 44 y reclamaron la reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad.

Un mapa del delito, pero con otros protagonistas. Después de varios meses de reuniones en la Iglesia de San Cayetano, vecinos del barrio de Liniers y la organización La Alameda redactaron un documento de 160 carillas con información detallada sobre más de 30 prostíbulos, 15 puntos de venta de estupefacientes, 24 talleres textiles clandestinos y diez locales sin papeles en regla, que trabajan en ese barrio de la Capital.
El documento fue presentado ante la Jefatura de Gabinete porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación y hoy se realizará una caravana con clausuras simbólicas a cada uno de estos establecimientos.
El mapa del delito tuvo como principal motivación la muerte del taxista Carlos Valdez, en febrero de este año. Sin embargo, el trabajo conjunto de vecinos, organizaciones sociales y políticas de la zona se remonta a noviembre de 2009 cuando, preocupados por el avance de esos delitos, decidieron responder de alguna manera.
“Queremos que el barrio vuelva a ser lo que era y no la estación terminal del crimen organizado”, remarcó el presidente de la Cooperativa La Alameda, Gustavo Vera.
El viernes pasado, los vecinos de Liniers mantuvieron además una reunión con la licenciada Marta Arriola, directora de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad. En ese encuentro, exigieron la puesta en marcha de una campaña activa para prevenir la trata de personas y una reunión con participación de la Dirección General de Migraciones y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, requiriendo un plan de acción para el barrio que tenga especialmente en cuenta el rol desempeñado por la Seccional 44 de la Policía Federal y la situación generada por el funcionamiento de la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento y de la Terminal de Ómnibus.
“La policía corrupta es cómplice y protagonista de todos estos delitos. Es común que las denuncias sean tomadas como contravenciones cuando son delitos penales, y en otros casos directamente se niegan a tomarlas. La situación de impunidad es tan evidente que, por ejemplo, en 2009 se allanó un prostíbulo en Rivadavia y General Paz que estaba justo enfrente del destacamento”, contó Lucas Schaerer, de La Alameda.
Pero además de acusar a la Comisaría 44, el mapa del delito apunta contra Daniel Enrique “El Gitano o Francés” Bougart, al que catalogan como “el proxeneta más influyente del barrio”. Lo acusan de ser prestamista, de regentear prostíbulos, desarmaderos de autos y talleres clandestinos. Bougart tiene una denuncia penal en su contra que tramita el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo, y que fue derivada a la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo del doctor Eduardo Raúl Taiano.
Según pudo averiguar Tiempo Argentino, Bougart estaría siendo investigado además por la Fiscalía Correccional Nº 4, a cargo del doctor Daniel Pablovsky, uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal que, junto con Marcelo Colombo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), más avances ha realizado en la indagación de redes de explotación sexual, aun a pesar de las resistencias de los juzgados y de la voluntad por archivar estos casos.
Fuentes judiciales aseguraron a este diario que la fiscalía de Pablovsky habría pedido un allanamiento en los prostíbulos de Liniers, pero que el juzgado correspondiente nunca lo ordenó.
“Aunque no sabemos si coinciden con las del mapa, desde la UFASE se realizaron varias denuncias de prostíbulos y talleres en esa zona. Me parece que puede ser un instrumento valioso, tanto para la prevención como para la investigación. La Alameda tiene mucha información y algunas de sus denuncias luego prosperaron en la justicia. Además este tipo de acciones va en línea con la propuesta de participación ciudadana del Ministerio de Seguridad”, explicó Colombo a Tiempo.
El grupo de vecinos exigió además ante la gestión porteña una “inmediata reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito previsto en el artículo 35 de la Constitución de la Ciudad” y la producción de un informe hecho por la Subsecretaria de Trabajo, la Agencia Comunal de Control, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Rentas, el CGP con competencia en el barrio, para que “informen sobre las medidas adoptadas respecto de los hechos que se detallan”.
Sin embargo, voceros del ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro aseguraron no haber recibido notificaciones sobre el tema desde la Jefatura de Gabinete.

Fuente: El Argentino

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