Massa se enfrenta con Amierio por un polémico mega country

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Los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro se acusan entre ellos por las responsabilidades sobre un polémico y millonario proyecto para crear un “country flotante” en el Delta, cuyas obras fueron paralizadas por la Justicia ante sospechas de daño ecológico. Amieiro sería el más complicado.
“Desurbanizá tu vida en 5 minutos”, invita en su página web la empresa constructora del lujoso emprendimiento inmobiliario llamado La Isla. La compañía Colony Park seduce a los inversores con promesas de seguridad y confort, desplegadas en las 300 hectáreas del privilegiado predio delimitado por el Río Lujan y el Canal Vinculación, frente a las costas de San Isidro.

El proyecto comenzó en 2005 y su devenir estuvo plagado de reclamos de isleños y ambientalistas, presentaciones judiciales y sanciones económicas, por causas que van desde las amenazas de inundaciones a la usurpación de tierras. Pero volvió a cobrar relevancia pública a raíz de un artículo publicado días atrás en el diario Tiempo Argentino.
El error que cometió el matutino kirchnerista al atribuir responsabilidades al municipio de San Isidro motivó que la gestión de Gustavo Posse emitiera un comunicado en el que invitó a los editores de ese medio a “informarse mejor, acerca de quién facilitó su desarrollo en un ámbito de islas compartido por dos municipios que tienen el mismo color político que el gobierno nacional”, en clara alusión a las comunas de Tigre y San Fernando, lideradas por Sergio Massa y Osvaldo Amieiro respectivamente.

Ese fue el disparador para que se desatara la polémica. Inmediatamente, San Fernando respondió con otro comunicado en el que “informa que no ha otorgado permiso precario que avale obra alguna, tratándose de proyectos fuera de su jurisdicción”. Pero el intento de desligar responsabilidades de ese municipio y atribuírselas a Tigre no salió según lo esperado.

A través de la Secretaría de Inversión Pública y Planeamiento Urbano, el gobierno de Massa reconoció que en el año 2005 esa comuna entregó prefactibilidad para que comience a desarrollarse el emprendimiento, aunque destacó que la decisión fue tomada por la gestión anterior.

Pero la aclaración de Tigre fue más lejos. Además de enumerar una serie de medidas que desde su inicio llevó adelante la nueva gestión para “poner en orden y a derecho” la situación del proyecto, recordó que en el año 2006 el municipio de San Fernando, ya gestionado por Amieiro, “otorgó su acuerdo a la prefactibilidad, según la legislación de límites de islas y otorgó además la prefactibilidad para ubicar bases transbordadoras para el cruce del Río Luján a dicho emprendimiento”.

De hecho, esa comuna mantiene litigios con algunos clubes náuticos de la zona, que acusan a Amieiro de avanzar ilegalmente sobre terrenos de su propiedad o intentar controlar las concesiones para emplazar la disposición de los transbordadores.

Reclamos judiciales

Días atrás, la justicia federal, por pedido de la fiscal de San Isidro Rita Molina, frenó “preventivamente” las obras que desarrolla la empresa Colony Park S.A, perteneciente Adrián Gabriel Schwartz, hasta que se evalúen los daños ambientales que el emprendimiento podría causar.

La firma continuó con la construcción del megaproyecto urbanístico pese a que durante todos estos años nunca contó con la aprobación ambiental que le debe otorgar la provincia de Buenos Aires.

Las inspecciones que llevó adelante el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) arrojaron que «se ha modificado el ecosistema» y que el incremento en la altura del terreno de la isla podría producir que las crecidas de río Paraná y el Río de La Plata causen mayores inundaciones en la zona.

Por otra parte, desde el 2008 el municipio de Tigre ha realizado contravenciones contra el proyecto, instando a la paralización del mismo, además de llevar el caso a distintos tribunales. Sin embargo, la empresa, luego de pagar más de 100.000 pesos de multa, continuó con sus obras una vez que los inspectores dejaron el lugar.

La investigación que lleva adelante el juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, también investiga si la compañía incurrió en delitos contra los isleños, ante una denuncia presentada por uno de ellos en la que acusa “usurpación de tierras», «usurpación de aguas de bien inmueble» y «daños por estrago».
Fuente: Lapolíticaonline

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