Inicio Económico Jubilación pública: el peligro de los muertos vivos

Jubilación pública: el peligro de los muertos vivos

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El sistema jubilatorio japonés descubrió hace poco que los familiares de quien tenía el récord de ser el hombre más viejo del país los estaban estafando desde hacía 31 años. El hombre en cuestión no tenía 111 años, como ellos sostenían. Había muerto hacía 31 años, estaba momificado en su cama y los parientes seguían cobrando los haberes previsionales.

En la Argentina se descubrió en 2001 que cobraban beneficios previsionales nada menos que 11.003 compatriotas de más de 110 años . Las explicaciones fueron vergonzosas. Y la investigación demostró también que era probable que muchos otros beneficiarios fueran fallecidos a los que fraudulentamente se volvía a dar de alta para que alguien siguiera cobrando los haberes.

Se trata de uno de los grandes riesgos de un sistema previsional, en particular de uno público de reparto: los muertos vivos y los falsos lisiados.

En un sistema público muchos funcionarios pueden estar tentados a entregar beneficios a quienes no cumplen los requisitos, como ha ocurrido en el pasado, para lograr votos. La cuenta, en el esquema de reparto, la paga la masa de beneficiarios, que deberán repartir los mismos recursos entre más beneficiarios.

Las jubilaciones por incapacidad a personas que no padecen realmente impedimentos son siempre un peligro, al igual que las moratorias que permiten acceder al beneficio muchas veces a quienes nunca aportaron.

Lo de los muertos resucitados es un peligro también muy importante. En 2001 una auditoría de la Sigen había descubierto que las bajas por fallecimiento tenían procedimientos precarios e inseguros. Y que había muchos “fallecimientos” equivocados, por lo que el sistema “resucitaba” a los perjudicados.

Ese procedimiento también era notablemente inseguro y permitía fraudes administrativos con connivencia de empleados. Así como se daba de baja erróneamente a alguien que no había fallecido y se normalizaba su situación, se podía revertir fraudulentamente un verdadero deceso y pasar delictivamente el beneficio a otra persona. ¿Estará el sistema actual correctamente auditado y supervisado?

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